La Fiscalía Especializada de Delitos Anticorrupción de Bolivia cito a declarar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por un proceso seguido en su contra por el delito de presunta “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”. De acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón, la citación fue emitida el 5 de febrero y establece que la exmandataria se debe presentar ante la Fiscalía “a efecto de que preste declaración informativa dentro de la investigación realizada [en] el Ministerio Público a instancia de Juan Carlos Mendoza García”.
Según el documento, Áñez debe presentarse en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aduaneras y Tributarias de la Fiscalía Departamental del departamento del Beni, del que la expresidenta es oriunda, a partir de las 24 horas de su legal notificación. “En caso de no presentarse […] ni justificar un impedimento legítimo, se librará el correspondiente mandamiento de aprehensión”, advierte el fiscal, Juan David Andrade, quien suscribe el documento.
Áñez, quien aspira a ser electa gobernadora de Beni en las elecciones del 7 de marzo, reaccionó a la citación con una airada respuesta publicada el lunes en su cuenta de Twitter. “He sido citada en la Fiscalía con amenaza de que me detengan. Es un caso sin fundamento y al salir en plena campaña, es una persecución política. A pesar de este ataque, mi prioridad sigue siendo el Beni. Aquí estoy y aquí estaré”, afirmó desafiante Áñez, abogada de 53 años de edad.
Luego de su salida del poder, tras las elecciones en las que fue electo el actual presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), se sabía que la exmandataria, quien asumió el poder tras la destitución de Evo Morales, en noviembre de 2019, tendría que rendir cuentas ante la Justicia por varias causas.
Según recordó la agencia de noticias Efe, en la anterior legislatura, la mayoría parlamentaria del MAS sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por una serie de episodios violentos, luego de que ella asumiera la Presidencia. Los hechos en cuestión son las masacres de Senkata –una zona de la ciudad de El Alto– y Sacaba –ciudad ubicada en la provincia de Cochabamba– incidentes en los que alrededor de 35 personas murieron por la acción de las fuerzas represivas estatales.
En los últimos días también se habló de otro juicio contra la exmandataria y sus ministros por un supuesto daño económico al Estado generado por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el MAS se negó a aprobar y que el gobierno que presidía Áñez aseguró que era para atender la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Este préstamo fue devuelto recientemente al FMI por el gobierno de Arce, por entender que las condiciones del crédito eran perjudiciales para el país.