Con la firma del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se publicaron el viernes cuatro nuevos decretos también suscritos por los ministros de Defensa y Justicia, en los que se permite la posesión de hasta seis armas de fuego por persona, hasta 60 armas en el caso de los tiradores y los cazadores, y extiende el período de registro de cinco a diez años, entre otras medidas tendientes a flexibilizar la tenencia y el uso de armamento en el país. Ante esta iniciativa, el mandatario encontró una fuerte resistencia dentro del ambiente político.

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Ramos, perteneciente al conservador Partido Liberal, que suele estar alineado con las posturas del presidente, alertó que Bolsonaro incurre en una invasión de sus competencias al tratar de modificar la ley de posesión de armas, a pesar de que fue una de sus grandes promesas durante la última campaña.

“Más grave que el contenido de los decretos relacionados con las armas promulgados por el presidente es el hecho de exceder su poder regulador y adentrarse en una competencia exclusiva del Poder Legislativo. El presidente puede discutir su pretensión, pero enviando un proyecto de ley a la Cámara”, escribió Ramos en Twitter.

Ramos no es el único que piensa de esta forma. Dentro de la oposición en Diputados apareció la postura de Rodrigo de Castro, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara, quien cuestionó la iniciativa de Bolsonaro. “Enfrentarse a la pandemia, avanzar en la vacunación y en la asistencia de los brasileños sin renta deben ser las prioridades del país y sobre las cuales debe haber una unión en los esfuerzos y en los compromisos. Las acciones que flexibilizan la ley sobre armas y municiones son inoportunas”, afirmó el legislador, según recogió Folha de São Paulo.

En filas del Partido Socialista Brasileño (PSB), el diputado Alessandro Molon adelantó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para derogar la iniciativa y criticó que “el mismo día en que se ha conocido el aumento de muertes violentas en Brasil” Bolsonaro flexibilice el acceso a armas.

“Ya tuvimos una decisión del Supremo cuestionando la constitucionalidad de la política armamentística del gobierno y vamos a presentar una nueva petición para tumbar estas nuevas iniciativas”, dijo Molon, y agregó que Bolsonaro “quiere gobernar por decreto”, según consignó la agencia Efe.

En esa misma línea se expresó Marcelo Freixo, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) por el estado de Río de Janeiro, quien anunció un proyecto para anular los decretos y registró una Acción Directa de Inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo. Si la Justicia no interviene, los decretos serán válidos en 60 días.

Uno de los pocos políticos que se mostraron de acuerdo, aunque con reparos, con la decisión del presidente de la Cámara fue Arthur Lira, quien ya apoyó a Bolsonaro en iniciativas similares. Según la cadena Globo este legislador, que fue elegido para el cargo recientemente con el firme apoyo del mandatario, expresó que el presidente no se extralimitó en sus funciones, pero al mismo tiempo tomó distancia y aseguró que algunos puntos de los nuevos decretos “pueden ser corregidos”, como la ampliación del número de armas. Además, destacó que cada quien tiene “su prioridad” y la de él son las vacunas.

Bolsonaro minimizó las críticas a su iniciativa y afirmó que “el pueblo está vibrando” por la liberación de armamento. El diputado federal Rodrigo Maia, del partido Demócratas y expresidente de la Cámara, reaccionó y afirmó que “Bolsonaro considera la parte por el todo. Se cree que su mundo extremo representa al país. El pueblo no está vibrando. El pueblo no quiere armas, quiere vacunas”.

Según recogen medios locales, son varios los organismos y las entidades de seguridad pública que criticaron las propuestas de Bolsonaro y señalaron que la nueva legislación obstaculiza el control, el rastreo y la fiscalización de armamentos.

En un comunicado difundido en redes sociales el Instituto Igarapé, especializado en analizar la seguridad pública, indica que el conjunto de decretos “no sólo tiene unos efectos letales para el país que más mata con armas de fuego, sino que refuerza las posibles amenazas a la democracia y a la seguridad de la colectividad”, consigna El País de España.

El mismo medio recoge la opinión de Carolina Ricardo, directora del Instituto Sou da Paz, quien afirma que “el aumento de la venta de armas de mayor potencial acaba abasteciendo al mundo del crimen”. “Armas de colección de un tirador o cazador pueden ser robadas o desviadas y abastecer el mercado ilegal”, agregó Ricardo.