Mediante una misiva, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio lugar a un recurso cursado por el abogado Juan Ceretta y le pidió al Estado uruguayo la suspensión de los desalojos del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina o, en caso contrario, que se consiga una vivienda alternativa a sus habitantes. Según supo la diaria, la cancillería recibió el documento este jueves y lo remitió al Poder Judicial y al Ministerio de Desarrollo Social.
Ceretta, que trabaja en el caso como integrante de la clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, había anunciado que presentaría el recurso a mediados de enero, y había argumentado que se trataba de un recurso que no iba “en desmedro del expediente penal”, sino que buscaba “una solución de vivienda al Estado”. En la carta en que el Comité DESC le responde a Ceretta se sostiene que se “ha tomado nota” de la sentencia del 20 de diciembre de 2020 en que se formalizó y ordenó a 16 habitantes del asentamiento la retirada del predio, y de las alegaciones respecto de la “ausencia de alternativa habitacional y de riesgo de daño irreparable en las circunstancias de este caso”.
La carta dice además que el comité le solicitó al Estado uruguayo, “de conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar alternativo, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus familias”. Por otra parte, adelanta que “podrá examinar la necesidad de mantener la solicitud de medidas provisionales a la luz de las observaciones que el Estado parte pueda presentar a ese respecto”.
A su vez, el comité fundamenta que, debido a la crisis asociada a la pandemia de covid-19, “se ha otorgado al Estado parte un plazo adicional de dos meses para la presentación de sus observaciones”, pero ese plazo adicional no regirá para la aplicación de las medidas cautelares que dispuso, “cuya implementación es inmediata”.
Si bien Ceretta dijo a la diaria que no existe procedimiento para obligar a Uruguay a hacer cumplir las resoluciones de comités de la ONU, sino que es algo que “depende del compromiso que cada país tenga”, Uruguay históricamente “ha ratificado siempre” estas resoluciones y “ha acatado todo lo resuelto por la ONU”, al punto de que “sería impensado que el país no cumpla”.
El abogado explicó que el 20 de diciembre, cuando se formalizó a las últimas 16 personas y se les dio plazo hasta el 3 de enero para abandonar el lugar, se cursó un pedido de prórroga que se logró dilatar durante todo enero, debido a la feria judicial. En ese mes se llevó el tema ante el Comité DESC que, según dijo, no es fácil que disponga medidas cautelares. “Uruguay nunca había sido demandado de esta manera ante la ONU. Ahora dicho comité está analizando la situación, pero las medidas cautelares son de aplicación inmediata”, detalló Ceretta.
En el asentamiento viven unas 300 familias y el recurso de Ceretta ante el Comité DESC abarca sólo a 56, pero según explicó el abogado, ahora bastaría con presentar una nueva carta para extenderlo al resto de los habitantes. Desde que comenzaron los desalojos, solicitados por el fiscal Diego Pérez tras un reclamo de la empresa propietaria del terreno, Devralix SA, más de 30 personas han sido formalizadas en varias “tandas” por la ocupación de los predios y muchas de ellas han abandonado el asentamiento.
Inédito
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, Daniel Caggiani, consideró que la decisión de la ONU de hacer lugar al pedido de Ceretta es un caso “sin antecedentes” y un “precedente importante”, aunque no se trata de una resolución preceptiva, sino de una recomendación. “Que un consejo de esta magnitud tome este tema es, por lo menos, un llamado de atención al Uruguay”, comentó el diputado frenteamplista a la diaria.
“Uruguay siempre ha sido muy respetuoso del derecho internacional y doy por descontado que se van a tomar todos los recaudos para no generar ninguna problemática mayor al Estado uruguayo en materia internacional”, consideró Caggiani, y destacó que el gobierno va a tener que dar explicaciones ante este comité, por lo que “es importante tener en cuenta cuáles van a ser las manifestaciones que haga el Estado y, sobre todo, que no innove en nuevas medidas hasta que se tome una resolución al respecto”.
El senador nacionalista Sebastián da Silva, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, coincidió en que se trata de un “pronunciamiento inédito”, pero no lo vio con buenos ojos: “A mí lo que no me gusta es la intromisión de burócratas internacionales en temas que se tienen que decidir dentro del ámbito jurisdiccional de los estados, independientemente de la sensibilidad de este tema”, sostuvo el legislador en diálogo con la diaria.
“Para mí el derecho internacional tiene competencia en lo relativo a la paz internacional, los derechos humanos, situaciones sanitarias globales o una agenda ambiental, no en conflictos en donde la jurisdicción es nacional. No me parece un antecedente bueno”, opinó Da Silva, y alertó que esta decisión podría “violentar la jurisdicción nacional”. A su entender, el Estado uruguayo “le tiene que dar explicaciones a sus nacionales” sobre el tema, y “no es la ONU la que le rige las normas jurídicas al Uruguay”.
Por otra parte, señaló que este precedente puede llevar a que “haya gente que tome las mismas decisiones y recurra a la ONU, y que la ONU nos tire de las orejas”, y en ese sentido dijo que espera “que no tenga efecto vinculante”. “Yo me afilio a las jurisdicciones nacionales y la regencia de los organismos multinacionales en conflictos entre estados parte, no dentro de una de las partes”, apuntó.