El lunes estaba previsto que asumiera en Birmania la nueva integración del Congreso, derivado de las elecciones celebradas en noviembre. En ellas obtuvo una amplia mayoría la Liga Nacional de la Democracia (LND), el partido liderado por la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. La LND ya ocupaba el poder, aunque la Constitución birmana obliga a los gobiernos civiles a convivir con una fuerte presencia militar, ya que les garantiza a los uniformados una cuarta parte de los escaños parlamentarios (y son necesarios tres cuartos para cualquier reforma constitucional, lo que la hace prácticamente inviable) y el control de tres ministerios clave: Asuntos Internos, Defensa y Asuntos Fronterizos.
Los militares participaron indirectamente en las elecciones respaldando al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USPD), que no logró un apoyo importante de la población (la LND ganó con más de 80% de los votos). Aunque eso no significaba, en los hechos, que el Ejército fuera a perder poder, tanto este como el USPD denunciaron, sin presentar pruebas, que se cometieron irregularidades en la votación.
Si bien la comisión electoral reivindicó la validez del proceso electoral ante estas denuncias, las Fuerzas Armadas aseguraron que estas “enormes irregularidades” no fueron subsanadas y que, por lo tanto, no son válidos ni el resultado de las elecciones ni la nueva integración del Congreso. Con ese argumento, en la madrugada del lunes dieron un golpe de Estado que incluyó la declaración del estado de emergencia por un año y la detención de Aung San Suu Kyi y otros jerarcas del gobierno civil, que fueron reemplazados por generales. La LND denunció que también fueron detenidos varios de sus legisladores.
Primeras reacciones en Birmania
La LND emitió un comunicado en el que pidió a los ciudadanos que salieran a protestar a las calles para “resistir con firmeza” a una acción militar que “lleva de nuevo al país a la dictadura”. El Ejército gobernó Birmania durante casi 50 años y hace sólo una década había empezado una transición hacia la democracia que todavía estaba lejos de completarse antes de este nuevo golpe.
Los medios de comunicación birmanos, sometidos también al poder de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia del país, no informaron el lunes sobre protestas. Tampoco lo hicieron las agencias de noticias presentes en el país. Sí se informó que en las primeras horas del lunes se vieron interrumpidas la comunicación telefónica y la conexión a internet y que las embajadas pedían a sus ciudadanos que evitaran salir a las calles.
Por su parte, las Fuerzas Armadas aseguraron que el estado de emergencia estará en vigor por un año, al cabo del cual se celebrarán nuevas elecciones. Se presume que a lo largo de ese período también se reformará la comisión electoral, y no se descarta que puedan realizarse cambios a la Constitución que fortalezcan aún más el rol de los militares.
El rechazo de la comunidad internacional
Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron entre los primeros en reaccionar ante los sucesos en Birmania. El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que evalúa la reimposición de las sanciones levantadas hace una década y pidió a la comunidad internacional que reaccione con “una sola voz” para que los militares “cedan inmediatamente” el poder.
Por su parte, China y Rusia abogaron por una solución interna. “Esperamos que todas las partes gestionen sus diferencias dentro del marco legal y constitucional, y mantengan la estabilidad política y social”, manifestó el gobierno de Xi Jinping por intermedio de un portavoz. “Confiamos en el arreglo pacífico de esta situación en correspondencia con la legalidad y por medio del diálogo político”, expresó, por su parte, el Kremlin.
Estos pronunciamientos dejan entrever cuál será la posición de estos países en la reunión de urgencia que mantendrá el martes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, Rusia y China (así como Francia y Reino Unido) cuentan con poder de veto, por lo cual cualquier resolución necesitará su respaldo.