Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fueron asesinados tras participar en un acto de esa organización política de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el presidente Nayib Bukele, que llegó a afirmar que se trató de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

El 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, en las cuales el oficialismo, que lidera las encuestas, podría alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el tiroteo. Los 20 militantes del FMLN que se encontraban en el camión regresaban de un acto del candidato a la alcaldía de San Salvador, cuando el auto azul con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de ellos abrió fuego. Eran las 6.25 de la tarde de ese domingo.

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido en parte de una escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el gobierno.

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia la figura del actual presidente, Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54% de los votos en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de bipartidismo, aunque no con la polarización.

Lo que ocurrió el 31 de enero en El Salvador es la expresión mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente en una población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa. Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas sólo media hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de condenarlo, insinuó que se había tratado de un autoatentado. “Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron”, decía el presidente desde su cuenta de Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la escena. “Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele”, escribió Tilly Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo. El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano. “Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y transparentes”.

La campaña de odio del presidente se ha transformado ya en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le recordó a Bukele que “procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores” del país son parte de sus atribuciones constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando la división entre los salvadoreños.

Radicalización presidencial

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de esa red son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que eso no se aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en cuanto a qué considera “conductas de incitación al odio”. Por ejemplo, declara: “No se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas”.

Sin embargo, el 1º de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: “Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”. El mensaje lo compartió cuando se conoció que la Fiscalía General de la República había presentado un requerimiento para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han sido investigados por reunirse con líderes de la mara Salvatrucha.

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se destaca el expresidente estadounidense Donald Trump. En la historia reciente de El Salvador nadie ha sido tan “florido” para atacar a sus adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, afirma que Bukele y Trump se asemejan porque “han hecho del odio su emblema”. Y asegura que “tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido explícitamente dividir al país como lo ha hecho él”.

La disputa por la versión de los hechos

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios −y un ejército de trolls− se convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un temblor el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de “autoatentado” algunos funcionarios de su círculo cercano, como el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado escribió en su cuenta de Twitter: “Los mismos de siempre, hoy resulta que después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!”.

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres, unos cuantos hombres y excombatientes de la guerrilla ya ancianos. Además, se sabe que el automóvil lo interceptó porque hubo hostigamientos previos, que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda, respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada penalista, ha sostenido que “lo peligroso en este caso es la forma en que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud”. “Que la Policía cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía, priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es inaudito”. No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido “por su cuenta”.

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo en su cuenta de Twitter que “al querer desvirtuar las conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias”.

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos llamó a una reunión a todos los partidos para garantizar la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el de un fiscal de su país.

Las señales de autoritarismo

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de autoritarismo por parte del gobierno.

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el presupuesto general de la nación e identificar adónde está destinada la mayor cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la militarización de la política y muestra rasgos “autocráticos y claramente autoritarios”.

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso, Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero, parece que no habrá un cambio en el discurso que ha traído desde que inició su mandato, en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se trata sólo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó con lo sucedido en la caravana del FMLN. “Lo peor es que los más afectados siempre son las personas pobres, la gente del pueblo, los que están en las comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos políticos”, insiste Serrano.

Con la presidencia de Bukele, lo único que quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos lamentables están lejos de haber terminado.

Julia Gavarrete es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas y colaboradora habitual del periódico El Faro.

Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.