La comuna de Colchane, en Chile, se encuentra a ocho minutos en auto de Pisiga, la localidad fronteriza boliviana, en una zona rodeada de montañas en plena cordillera andina. En el medio, a tres minutos de un lado y a cinco del otro, está la Aduana. Todo derecho por la ruta 15, como la cantidad de aviones que el gobierno chileno licitó a principios de mes para expulsar a extranjeros ante la ola migratoria que se está registrando en el país.
Colchane, con una población de 1.300 habitantes y una importante presencia aymara, está a más de 21 horas de la capital, Santiago.
Esa distancia entre la comuna y la capital chilenas quedó reflejada en una suerte de teléfono descompuesto entre el gobierno y la alcaldía local. El martes, sin que el jefe comunal se enterara, los ministros Rodrigo Delgado (Interior), Andrés Allamand (Relaciones Exteriores) y Baldo Prokurica (Defensa) llegaron al lugar para anunciar el Plan Colchane, que implica la instalación de redes eléctricas en la comuna, residencias sanitarias transitorias para las cuarentenas de quienes ingresen a Chile de manera ilegal y, claro, su posterior expulsión.
En una conferencia de prensa recogida por La Tercera, el ministro Delgado anunció que hoy partirá un vuelo con 100 personas desde Iquique.
Javier García Choque, alcalde de Colchane, dijo a la diaria que en marzo de 2020 comenzó una ola migratoria, mayormente de ciudadanos venezolanos, que desde entonces se ha vuelto incontenible, ya que la comuna “no tiene los recursos” para afrontar esta situación.
“La comuna aymara no cuenta con servicios básicos ni tiene capacidad de respuesta para albergar a cientos y miles de extranjeros que llegan aquí”, explicó García Choque en una comunicación telefónica, y añadió que la llegada de los ministros a Colchane fue “una falta de respeto” porque “llegaron sin saludar ni visitar el municipio”, pese a que “los pobladores estaban esperanzados en encontrar una solución concreta”.
En declaraciones a El Mercurio, el alcalde también criticó que los jerarcas del gobierno llegaran “de manera improvisada” y “sin realizar ninguna coordinación con esta alcaldía ni con los dirigentes de las comunidades indígenas ni las juntas de vecinos”.
¿Qué fue lo que llevó al gobierno a actuar tan rápido? La situación en Colchane ya venía siendo complicada, pero en la madrugada del miércoles 3 de febrero, un hombre venezolano y una mujer colombiana murieron tras ingresar a Chile por pasos inhabilitados.
Ese día, García dijo a T13 Radio: “No tenemos infraestructura, no contamos con alcantarillado, no contamos con luz eléctrica, nuestro consultorio está colapsado, hoy atendió a más de 600 personas. Es un problema migratorio y estamos frente a una crisis humanitaria severa a la cual el gobierno regional y nacional no le ha dado la importancia que se merece”.
El lunes, en una conferencia de prensa, el presidente Sebastián Piñera dijo que quiere que Chile sea “un país abierto y acogedor con las personas que vienen en forma legal”, pero “cerrar la puerta a la migración ilegal, que son los que entran sin decir la verdad y sin respetar nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecido”.
Ese día, el mandatario mencionó la aplicación del Decreto 265, que permite a las Fuerzas Armadas participar en los controles migratorios, incluyendo la posibilidad de expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales.
Sin embargo, los problemas de Colchane no son sólo a causa de la migración que se produjo en los últimos meses, sino que son estructurales.