La Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Uruguay envió una carta dirigida al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al Sistema de Cuidados, en la que transmite la dificultad manifestada por familias con personas con discapacidad para acceder a un asistente personal del sistema. La alianza, que engloba a 29 organizaciones vinculadas a la causa, solicita a las autoridades “conocer si el ministerio ha emitido alguna resolución sobre el programa referido a los asistentes personales”, y de ser así, en qué consiste dicha resolución.

“Entendemos que la paralización de dicho programa implicaría una seria vulneración” de los derechos de las personas con discapacidad “consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), normativa internacional que nuestro Estado ha firmado y ratificado”, se señala en la misiva, en la que también se advierte que este es “un tema muy sensible” que además “altera la dinámica” de las familias con personas con discapacidad y “repercute negativamente en la economía de un amplio sector de la sociedad”.

Integrantes de la alianza dijeron a la diaria que hasta el día de hoy no han recibido una respuesta de las autoridades. Silvia Areosa, representante del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda en la alianza, afirmó que desde hace “unos diez o 12 días” la agrupación está recibiendo la angustia de algunas familias a las que “ya les han negado el asistente personal” y de otras que no saben “a ciencia cierta qué es lo que va a pasar”. Areosa señaló que la preocupación comenzó a crecer de cara al inicio de las clases, “porque los padres están justamente buscando el asistente personal para poder incluir a sus niños y niñas en la escuela”.

En la carta también se hace referencia a la respuesta que brindó el Mides a una de las organizaciones que hizo el reclamo, en la que, según indica la alianza, el ministerio señaló que las situaciones se van a resolver de forma particular. “Queremos que esto se trate como una política pública y no como una cuestión que se pretenda resolver de forma particular, caso a caso. No queremos volver a las resoluciones de los temas de discapacidad basados en el criterio de la persona evaluadora de turno, ni a dictámenes alejados de una concepción transversal de discapacidad tal como se establece en la CDPD y se espera del organismo rector de las políticas de discapacidad a nivel nacional”, argumentan las organizaciones sociales.

Areosa explicó que esta respuesta no conforma “porque se afirma que hay una situación compleja por la pandemia, lo cual es entendible, pero luego se dice que se están analizando los casos uno a uno para determinar urgencias. Esto no es una cuestión de urgencias, es una cuestión de derechos, que no deben perder quienes ya los tenían. ¿Con cuál criterio, además, van a determinar la urgencia?”, se preguntó. Asimismo, sostuvo que la información en torno al tema es “muy escasa” desde el año pasado y que “todo ha sido un caos” dado que “la pandemia es una situación angustiante para muchas personas con discapacidad, que quedaron de un día para el otro sin el servicio de asistente personal”. “Van cayendo derechos que la gente tenía en principio”, alertó.

Fuentes del ministerio dijeron a la diaria que el Sistema de Cuidados está en “proceso de rediseño” y “mejorando su funcionamiento”. Según información publicada en el sitio web del Sistema de Cuidados vinculada a su funcionamiento en el contexto de la pandemia, el trabajo de los asistentes personales “se sigue realizando en el marco de lo acordado entre la cuidadora o el cuidador y la persona asistida o su familia”. Allí se dispone el número 0800 7171 (línea del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) para realizar consultas.