El exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma declaró el lunes, en una misiva pública enviada a la radio Sarandí, sobre el sumario administrativo que le inició el Poder Ejecutivo y la separación preventiva de su cargo, por un plazo de seis meses. “El Ejecutivo me persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza, la secretaría de la Presidencia”, sostuvo.

Toma fue investigado por los viajes realizados cuando era secretario de Presidencia, en el marco de las causas Plan Cóndor y Aratirí, durante 2018 y 2019, con el acompañamiento de una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou se sostiene que existe una “clara contradicción” entre las declaraciones de Toma a Presidencia y las que había enviado previamente a la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre las tareas de la contadora en los viajes.

En la misiva enviada a Sarandí, Toma sostuvo que entre setiembre y octubre se filtró información sobre la investigación administrativa en curso “todos los días”. “Se ocasionó un daño enorme a mi familia, a mis colaboradores y sus entornos familiares. Se dejó circular una terrible versión sugerida según la cual todo era un turismo de ocio decadente”, sostuvo.

Además, el exjerarca apuntó que si hubo filtración desde el Poder Ejecutivo, se trata de una “falta grave y delito penal”. Señaló que el presidente, antes de que culminara la investigación administrativa, había dicho a la prensa que si fuera por él, no estaría más en su cargo. “¿Alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente de la República sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa?”, apuntó, y concluyó: “Todos tenemos un derecho constitucional a que nuestro asunto sea decidido por funcionarios imparciales”.

Idoneidad técnica

La contadora Giuliana Pérez también se refirió a la investigación iniciada por el Poder Ejecutivo en Twitter: “Las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Como son el Dr. y el estudio de EEUU. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación”, apuntó.

A su vez, Toma presentó a la radio una carta firmada por Paul S Reichler, socio del estudio Foley Hoag, encargado de la defensa del Estado ante los juicios de Philip Morris, Italba y Aratirí, que acredita que todas las personas que integraron las delegaciones de Uruguay en cada uno de los juicios “participaron en nuestras oficinas en Washington de reuniones de coordinación y preparación del caso y asistieron a audiencias en esta ciudad”.

“Considero que todas las personas referidas en estos laudos, como miembros del equipo legal del Uruguay, actuaron con idoneidad técnica suficiente, acorde al nivel de exigencia y complejidad del arbitraje internacional de inversiones”, afirma en la misiva.