La Comisión Nacional Prorreferéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) presentará la semana próxima una solicitud ante la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para que el Parlamento elabore un proyecto de ley similar al que se redactó para aplazar las elecciones departamentales el año pasado, con el objetivo de extender el plazo de recolección de firmas para llevar adelante el referéndum, que actualmente finaliza el 9 de julio.
Dado que los votos del Frente Amplio (FA) –que apoya la recolección de firmas– no bastan para su aprobación, la iniciativa debe contar con el respaldo de, por lo menos, tres senadores y ocho diputados de la coalición -de forma de garantizar su viabilidad-. Pero según supo la diaria, en el oficialismo, a priori, la propuesta no es de recibo.
El argumento en el que se basa la comisión es que la situación de la pandemia se agravó en comparación con el año pasado, cuando se inició la recolección de firmas, lo cual impide a las organizaciones y los militantes desarrollar la tarea con normalidad. Asimismo, apelan al antecedente de la postergación de las elecciones departamentales para pedir una excepción similar. “Parto de la base de que la democracia hay que protegerla cuando se piensa como uno cree y cuando no. Es independiente de lo que cada persona opine sobre la ley”, argumentó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y sostuvo que, en su opinión, una respuesta negativa del sistema político “sería una terquedad”.
“Yo aspiro a que ese Parlamento que tuvo la capacidad política de postergar una elección, que probablemente haya favorecido a unos y perjudicado a otros, la tenga ahora para postergar una fecha de entrega de firmas que es una fecha constitucional, pero que tiene la dificultad de estar atravesando una pandemia en su momento más duro”, afirmó en diálogo con la diaria. No obstante, el dirigente aseguró que si esta petición es rechazada la campaña seguirá adelante: “Es muy complejo, pero a lo que no estamos dispuestos es a renunciar”, manifestó, y agregó que en ese caso se deberá “reconfigurar la campaña” y “agudizar” la creatividad para ir casa por casa a levantar las firmas “sin poner en peligro a compañeros ni firmantes”.
Según indicó Pereira, hasta el momento ya se recolectaron en el entorno de 300.000 firmas. Para someter la Ley 19.889 a referéndum se necesitan cerca de 700.000 firmas. El dirigente reconoció que la campaña se ha vuelto cuesta arriba en las últimas semanas, debido al incremento en los casos nuevos de coronavirus: “En vez de salir en grupos importantes, hemos salido en grupos de dos y con doble tapabocas; a eso le hemos agregado la careta y los guantes. Todos estamos muy agotados, y aun con todos esos agregados la gente tiene miedo y es natural que lo tenga, y es natural que la campaña haya bajado el ritmo, como mínimo, en las últimas dos semanas”, analizó.
Sin respaldo
“No me parece”, respondió el senador nacionalista Jorge Gandini al ser consultado por la diaria sobre la solicitud de la comisión. “No se pueden comparar las elecciones departamentales, que eran un acto electoral obligatorio, con una recolección de firmas, que además resolvieron en diciembre, en un momento en que ya el nivel de contagios era importante y que llevó a una discusión interna, precisamente por ese tema”, argumentó el legislador, y opinó que quienes “tomaron esa decisión” eran conscientes de “ese riesgo”. Gandini señaló, además, que las elecciones departamentales movilizaban “a dos millones de personas en un mismo día”. “El FA tomó la decisión de hacerlo pensando que era muy fácil. Hoy resulta que tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echa por tierra su principal argumento del debate, que la ley era inconstitucional, y resulta que es constitucional”, añadió.
En la misma línea, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez adelantó que la iniciativa no contará con su apoyo, en el entendido de que “no es de aplicación el principio que argumenta” la comisión, sobre los impedimentos para la recolección de las firmas. Señaló que la ley se aprobó el 9 de julio de 2020 y que el PIT-CNT recién en octubre “resolvió iniciar una ronda de consultas para evaluar la creación de la comisión y evaluar si derogar toda o parte de la ley, con la intención de iniciar la campaña en noviembre”, y que “la realidad es que la campaña se inició recién el 29 de diciembre, cinco meses y 20 días después”. Para el diputado, “si en ese plazo quienes estaban convencidos hubiesen definido hacerlo, tal vez hoy podrían haber alcanzado las firmas”.
“Yo no me voy a meter en las razones, pero la realidad es que desaprovecharon la mitad del tiempo que la Constitución les da para resolverlo. Perdieron casi seis meses para recolectar firmas. Si en tres meses recolectaron 250.000 firmas, ¿dónde está el impedimento? El argumento que se aduce se cae por su propio peso”, aseveró.
Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera aclaró que el tema no fue analizado a nivel de la bancada, pero coincidió con sus socios de la coalición en que “no es lo mismo una elección que una recolección de firmas”. “Una elección es obligatoria y lo otro no, para empezar”, apuntó, aunque indicó que antes de tomar una posición es necesario “ver cómo se presenta, con qué fundamentos, etcétera, y cómo podemos sortear lo que es un plazo constitucional”. “Hay que analizarlo, por supuesto. Todo planteo, para quienes somos liberales y demócratas, merece ser analizado con profundidad y detenimiento. Por eso vamos a esperar a ver los fundamentos y hacer las consultas con constitucionalistas, y después tomaremos una decisión”, dijo a la diaria.
Sin embargo, su correligionario Felipe Schipani se manifestó de forma tajante contra esta posibilidad, argumentando que “hay un obstáculo jurídico insalvable” que es el plazo que establece la Constitución de la República, y sostuvo que “no hay ley posible que pueda reformar un plazo constitucional”. Schipani señaló que el caso de las elecciones departamentales fue distinto porque eran de carácter obligatorio e iban a movilizar a dos millones de personas “y en circunstancias imprevisibles”. “Esto no fue imprevisible; cuando empezaron a recolectar firmas estábamos en plena pandemia”, apuntó. “Además, convengamos que la LUC se aprobó el 9 de julio y las firmas las empezaron a juntar en diciembre. De modo que tuvieron varios meses perdidos en discusiones políticas”, agregó el legislador.
En tanto, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano se mostró abierto a la posibilidad de analizar el pedido: “Tendríamos que ver cuáles son las justificaciones para extender los plazos. Creo que los plazos que están fijados son para cumplirse; entiendo que quizás en esta oportunidad tengan más dificultad, [pero] no sé si la dificultad es por la pandemia o es porque realmente la gente no firma”, dijo a la diaria.