El anuncio hecho el 2 de marzo por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, de que el gobierno arribó a un acuerdo con la firma belga de servicios portuarios Katoen Natie para extender la concesión de la única terminal especializada del puerto hasta 2081, disparó varias alarmas en el ámbito portuario. Las autoridades señalaron que presentarán los detalles del contrato y la negociación ante el Parlamento –por los casos de covid-19 se postergó la sesión prevista para la semana pasada–, mientras que el Frente Amplio (FA), el sindicato portuario y la empresa Montecon cuestionan el proceso y advierten de sus consecuencias.

El gobierno presentó la ampliación de 50 años del contrato original, firmado en 2001 y vigente hasta 2031, dentro de una negociación que incluye que Katoen Natie levante una demanda internacional contra Uruguay presentada en 2019, y que realice en los próximos años una inversión de 460 millones de dólares. La zona cedida en concesión a Terminal Cuenca del Plata (TCP) –propiedad de Katoen Natie, que tiene como socio minoritario (20%) al Estado uruguayo– ampliará su capacidad y bajará las tarifas como parte del acuerdo.

La directora de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por el FA, Alejandra Koch, dijo a la diaria que “en el ámbito del directorio se negó información” sobre las negociaciones y que aún desconoce el contrato. Además de esto, enumeró irregularidades que entiende que existieron en el proceso: “La empresa ejerció presión sobre el gobierno con el juicio”; Katoen tiene “incumplimientos” en el marco de la concesión y la ANP le inició dos demandas inconclusas que podrían caer; y por lo que se adelantó del acuerdo estaría violando la ley de puertos por afectar la libre competencia.

“En declaraciones [el presidente de la ANP, Juan Curbelo] ha hablado de dar prioridad [a TCP para el despacho de contenedores] y el temor es que se genere un perjuicio para Montecon, la operadora más importante. Nos preguntamos si la idea es captar el negocio de Montecon, y si las navieras [que manejan los barcos portacontenedores] estarán dispuestas a que la ANP les diga con quién operar. Se afecta la libre competencia”, sostuvo Koch.

El Sindicato Único Portuario (Supra) también alertó de los efectos de un direccionamiento de la carga hacia Katoen Natie, ya que Montecon emplea unos 400 trabajadores, a los que se suman algo más de 600 que realizan tareas en las áreas públicas del puerto. La diferencia a la hora de despachar contenedores entre la firma belga y Montecon –de capitales chilenos y vinculada a la naviera MSC, la principal del mundo–, es que la primera tiene la concesión de la terminal especializada y su competidora opera en los muelles públicos. De unos años a esta parte, varió la correlación de fuerzas y hoy es Montecon quien despacha más carga.

Estos movimientos y decisiones de la ANP durante el período pasado derivaron en reclamos y varios episodios de conflicto a nivel del puerto. La posición de Katoen Natie es que las autoridades favorecieron a su competidora y afectaron su negocio, anunciando incluso en 2017 que dejaría la operativa en Uruguay. Luego, entabló una negociación con el gobierno y ya planteó la extensión de la concesión, y en 2019 primero acusó a Uruguay de violar el Tratado de Protección de Inversiones con Bélgica para después anunciar una demanda internacional por 1.500 millones de dólares.

“La primera irregularidad [en la negociación] es la metodología: la empresa ha ejercido presión con la demanda; eso fue determinante para que cediera el gobierno. Katoen tiene diez años de concesión más, quiso vender porque no le cerraban los números, ha tenido incumplimientos [del contrato de concesión] y no llega a los mínimos de actividad comprometidos desde 2012. A esa empresa le estamos extendiendo la concesión por 50 años más”, señaló Koch. Agregó que la compañía belga arrastra “un relacionamiento complicado” con la ANP y los trabajadores.

Fuentes del sector privado comentaron a la diaria que la firma Montecon ha pretendido hablar con distintas autoridades del gobierno para expresar su preocupación por el acuerdo con Katoen Natie y no fue atendida. La empresa entiende que “hay riesgo de consolidar un monopolio que deje al comercio exterior uruguayo en manos de una sola empresa por los próximos 60 años”, indicó un informante.

A su vez, en virtud de declaraciones de las autoridades –Curbelo habló de los muelles públicos como “opción B” y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, de “dar prioridad” a la terminal especializada– visualizan una afectación de la libre competencia y una violación de la ley de puertos, votada en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Por esto, Montecon cree que habría condiciones para iniciar una demanda contra el Estado, aseguró una fuente.

La directora de la ANP por la oposición señaló que “de aplicarse el criterio” de redireccionar la carga hacia TCP, “los demás operadores podrían tomar acciones legales” contra el Estado.

Sin embargo, otra fuente del ámbito privado sostuvo que desde Katoen Natie ven el acuerdo como “un compromiso” del Estado para cumplir con la normativa, en virtud de que “es evidente que hace años se venía operando” por fuera de ella. “Hubo un daño [para la firma belga] y hay que resarcir. Se acordó una solución: dejar de lado [la demanda] y profundizar el proyecto de TCP en el que es socia del Estado. Hace mayores inversiones y se le da más plazo de concesión”.

La fuente consideró la negociación “un ganar-ganar”, aunque implica que Katoen Natie debe incrementar su nivel de actividad, porque ampliará la infraestructura en momentos en que tiene 30% de capacidad ociosa en la terminal de contenedores.

Por su parte, Curbelo, presidente de la ANP, dijo días atrás a la diaria que “en la negociación con Katoen apostamos a recomponer el relacionamiento y que vuelvan a confiar en el gobierno”.

Tarifas, diferencias contables y no reparto de utilidades

En busca de un mayor movimiento en la terminal especializada y como parte del acuerdo que anunció el gobierno, Katoen bajará 20% las tarifas que cobra a los exportadores locales cuando se firme la extensión de la concesión. “Me pregunto por qué ahora la rebaja, cuando la terminal viene siendo cara según todos hace tiempo. El anuncio [de la inversión en la zona concesionada] implica llegar a 2,5 millones de teus [unidad de medida de contenedores] y los números no me cierran”, expresó Koch. Con la reducción de 20%, los precios de TCP quedarían similares a los que cobra Montecon en los muelles públicos, comentaron fuentes portuarias.

Por otra parte, la directora de la ANP por el FA señaló que hay dos demandas aún en trámite del Estado contra Katoen Natie por el resultado de los ejercicios 2017 y 2018 de TCP. Indicó que “no se respetaron normas contables” y las demandas surgen de observaciones del Tribunal de Cuentas y auditorías.

El directorio encabezado por Curbelo, que asumió en marzo de 2020, aprobó sin el voto de Koch suspender las demandas por seis meses y no presentó un reclamo al cierre del ejercicio 2019, que mantuvo los mismos criterios. Para la directora por el FA “seguramente” como parte del reciente acuerdo entre el gobierno y Katoen se darán por culminados todos los reclamos.

Otra irregularidad que mencionó Koch es que “TCP no ha volcado utilidades” por “imposición” del accionista mayoritario, que tiene “el dinero depositado en un banco del exterior, en una cuenta de su propiedad, y la ANP ha insistido en sus reclamos para que el dinero retorne al país, porque es un abuso”.

Sindicato: Katoen “precariza” el trabajo en el puerto

El Supra manifestó que el gobierno “acordó a escondidas” la extensión de la concesión con Katoen Natie, “una empresa que desde 2013 su principal característica es precarizar las relaciones laborales, contratar en forma eventual, rebajar las condiciones de trabajo para los nuevos ingresos e incumplir con la escala de jornales asegurados por ley”.

En una declaración, los trabajadores expresan dudas sobre el anuncio del gobierno: “¿Cómo incide en la operativa portuaria? ¿En las fuentes de trabajo existentes? ¿Se amplía el potencial de captación de cargas o se fortalece un monopolio?”.

Martín García, dirigente del sindicato portuario y de la firma Montecon, dijo a la diaria que “la prioridad” que tendría TCP “para atender a todos los contenedores va a repercutir en todos los operadores portuarios y en los trabajadores”. La terminal especializada y Montecon emplean casi la misma cantidad de operarios, pero en esta última “hay más efectivos, ya que Katoen no tiene acuerdos iguales para todos los trabajadores”. Estimó en 1.000 los puestos en riesgo por la eventual afectación de la actividad en los muelles públicos, contando empleados de Montecon y de la ANP.

Sobre la relación del Supra y Katoen, indicó que desde 2012, cuando cambió la gerencia de la empresa, “hubo choques constantes” debido a que “no cumplen con lo acordado” en materia de jornales obligatorios para los contratados ni con la normativa de seguridad laboral. “Aunque se ha ido a reclamar y el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] obligó a la empresa a cambiar de actitud, no hay forma”, señaló García.

Extensión de otra concesión a empresa que hizo aportes a campaña electoral

La semana pasada, el programa No toquen nada, de Del Sol FM, informó que la ANP y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas extendieron el contrato de concesión de una terminal de graneles en el puerto a la firma Obrinel, que pertenece al grupo Christophersen –en sociedad con la compañía Hidrovias do Brasil–, que registra aportes a la campaña del Partido Nacional y el Partido Colorado. La ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe donaciones de empresas que tengan la concesión de una obra pública, pero la Corte Electoral decidió no investigar, por falta de recursos, este y otros casos que podrían incumplir la normativa.

Koch, directora de la ANP por el FA, dijo que la ampliación de la concesión a Obrinel fue “de los temas importantes” que resolvió el directorio cuando aún no había representación de la oposición, ya que asumió el cargo en julio de 2020. “Dejé hecha mi observación. Porque en la extensión del contrato a Obrinel hay una ampliación del objeto [lo que se permite operar en la terminal] que me llamó la atención. Dejó de ser una terminal especializada y ahora se le permite todo menos contenedores. Me pregunto si ese habría sido el objeto si no hubieran existido otros oferentes”, expresó.

Según No toquen nada, en 2011 el Estado cedió a la firma propiedad de Christophersen e Hidrovias do Brasil el derecho de explotación de un puerto de granos y chips de madera por 20 años a cambio de una inversión de 100 millones de dólares; y en 2020 la ANP duplicó el plazo de la concesión, amplió el rubro –puede ser puerto de celulosa, por ejemplo–, con una inversión de 20 millones de dólares como contrapartida.