Un tribunal de París condenó este lunes al expresidente de Francia Nicolás Sarkozy, que gobernó de 2007 a 2012, a tres años de prisión de los cuales debe cumplir uno en forma efectiva, ya sea en la cárcel o en detención domiciliaria, con tobillera o brazalete electrónicos. La Fiscalía pedía para él dos años de prisión efectiva. El dirigente de derecha fue declarado culpable de delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El Tribunal Correccional de París concluyó que existió un pacto para beneficiar a Sarkozy en otras causas. Las sospechas al respecto surgieron de escuchas telefónicas realizadas en 2014, que fueron dispuestas para investigar otra de las causas judiciales que enfrenta Sarkozy, el llamado “caso Bettencourt”. Sarkozy fue absuelto en esa investigación en la que se indagaron las donaciones que recibió su partido de manos de la entonces dueña de la empresa L’Oréal, Liliane Bettencourt.

El exmandatario también enfrenta sospechas de financiación irregular en su campaña para la reelección de 2012, caso conocido como Bygmalion, y también de haber recibido, de manera ilegal, financiamiento del exgobernante libio Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007, que lo llevó al gobierno de Francia. En este último caso se lo acusa de asociación para delinquir, corrupción y financiación ilegal de campaña electoral. Pero estas no son las únicas acusaciones que pesan contra Sarkozy, ya que la Justicia también investiga supuestas ventas irregulares de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.

A partir de las conversaciones entre Sarkozy y su abogado que fueron interceptadas, los investigadores concluyeron que ellos le habían prometido al juez Gilbert Azibert que lo ayudarían a obtener un cargo bien pago y prestigioso en Mónaco a cambio de que les informara sobre la marcha de otras investigaciones. “Lo haré ascender”, le dijo Sarkozy a su abogado, Thierry Herzog, en referencia al juez. Finalmente, Azibert no consiguió ese puesto en Mónaco, pero la Justicia llegó a la conclusión de que el acuerdo que establecieron era ilegal.

Herzog recibió la misma condena que el expresidente, además de cinco años de inhabilitación para ejercer como abogado, y el juez Azibert fue condenado a una pena similar.

Para el tribunal, la conducta de Sarkozy tiene una “particular gravedad” porque se sirvió del cargo de presidente que había ocupado y de “sus relaciones” para “su interés personal”. Del mismo modo, en la sentencia la corte afirmó que el delito que cometió Azibert “desacredita una profesión cuya función es básica en la democracia”.

Todavía Sarkozy puede presentar recursos contra esta sentencia, pero el fallo afecta también sus expectativas políticas y la posibilidad de un intento de volver a la presidencia con su partido actual, Los Republicanos.

Durante el juicio, el dirigente negó las acusaciones y dijo que sufría el “ensañamiento” de la Fiscalía Financiera, que fue creada después de su presidencia por su sucesor, François Hollande, del Partido Socialista. “Nunca he cometido el menor acto de corrupción. Nunca he traficado una influencia, simulada o real”, dijo Sarkozy, según publicó la agencia de noticias Efe. “De las conversaciones se desprende que hay un acusado muy inquieto y un abogado afectuoso que quiere tranquilizarlo”, dijo, aunque admitió que las charlas podrían ser malinterpretadas. A su vez, los abogados de Sarkozy se concentraron a lo largo de este proceso en intentar que las escuchas telefónicas no fueran tomadas en cuenta como pruebas, pero el tribunal las validó.

Este mes, según está previsto, Sarkozy deberá defenderse en el caso Bygmalion, llamado así por el nombre de la empresa de comunicación que organizaba sus actos de campaña para las elecciones de 2012, en las que ganó el socialista Hollande. Se lo acusa de “financiación ilegal de la campaña”, no por el origen de los fondos sino porque se presume que su partido utilizó a la empresa para ocultar que sus gastos superaron el tope legalmente permitido.