La Fiscalía de Bolivia pidió este domingo la detención preventiva por seis meses para la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros de su gobierno Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, por el “riesgo de fuga” de estas exautoridades, acusadas de “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019, cuando Evo Morales fue obligado a renunciar por las presiones de la oposición y del Ejército, que pusieron en duda el proceso electoral que le dio el triunfo a Morales, y dieron un golpe de Estado.

La denuncia contra Áñez, otras autoridades de su gobierno y varios jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía fue presentada por la exdiputada indígena Lidia Patty, perteneciente al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Según informó La Razón, en la tarde del domingo, la instancia jurisdiccional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó un cuarto intermedio para la audiencia de medidas cautelares contra Áñez y sus exministros, debido a que el Ministerio de Gobierno presentó una ampliación de imputación fuera de plazo.

Áñez fue detenida en la madrugada del sábado en la localidad amazónica de Trinidad, en Beni; estaba escondida en el baúl de un sommier en la casa de unos familiares. Fue traslada a La Paz por la Fuerza Área Boliviana y quedó detenida en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde pasó la noche. Los dos exministros fueron detenidos el viernes, día en que también quedó bajo custodia el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el almirante Flavio Arce. Por la misma causa se han librado órdenes de captura contra los excomandantes militares Williams Kaliman y Sergio Orellana, y el excomandate policial Yuri Calderón.

Ya en La Paz, la exmandataria de facto escribió en Twitter: “Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS [Movimiento al Socialismo] me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”. Más tarde, Áñez publicó en la misma cuenta dos cartas firmadas por ella pidiendo el envío de observadores a la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos “frente al plan del gobierno del MAS para instalar una dictadura en Bolivia”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó que se esté persiguiendo políticamente a Áñez y dijo: “Hemos efectuado, como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas”. El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que Áñez está siendo procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta, según Efe.

El domingo, un vocero del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores de la UE dijo que el organismo sigue “de cerca” los hechos “preocupantes” en Bolivia y que “los desafíos actuales requieren unidad y objetivos comunes”, por lo que la UE espera que las diferencias políticas se resuelvan “mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos”, consignó Efe. La UE “seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”, concluyó el diplomático.

En tanto, Morales pidió que “se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, y recordó que hubo “36 víctimas fatales”, “más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado” de 2019. Después de tuitear eso, Morales continuó defendiendo el proceso electoral de ese año: “Después de más de un año del golpe de Estado cívico, policial y militar en #Bolivia, no pudieron demostrar que hubo fraude electoral con un informe de OEA ampliamente rebatido. La mejor prueba es el resultado de la elección de 2020: el MAS-IPSP obtuvo el 55% de votos del pueblo”, y siguió argumentando que “instituciones, universidades y expertos internacionales emitieron, al menos, 8 informes técnicos que prueban que no hubo fraude y que #OEA no hizo auditoría sino un informe anticipado, sesgado e incompleto, sin base para demostrar supuesto fraude, que solo impulsó golpe de Estado”.

Tras la detención de Áñez, los comités cívicos de diversas zonas del país se declararon en emergencia, mientras que familiares de víctimas de la represión desatada en 2019, tras el golpe de Estado, y otros sectores hacen vigilia en las puertas de la Felcc donde se encuentra detenida la expresidenta de facto.