El 17 de marzo de 2020, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decretó la emergencia sanitaria nacional por covid-19. Dentro del paquete de medidas que integraban el documento, estaban el cierre de fronteras y la prohibición de ingresar a territorio boliviano para ciudadanos extranjeros, aunque se aclaraba que este cierre “no incluye a ciudadanas bolivianas, bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud”.
Sin embargo, en la práctica esto no sucedió. Entre marzo y abril de ese año, una centena de bolivianos que se habían trasladado a Chile para trabajar como jornaleros en la industria de la fruta quisieron regresar a su país a través de la frontera con el municipio de Colchane, pero las Fuerzas Armadas apostadas en el límite por decisión gubernamental se lo impidieron.
Fuentes del gobierno local dijeron a la diaria que “los patrones sabían que iban a cerrar las fronteras, pero no les avisaron a los trabajadores hasta que recolectaron la última fruta, recién después los dejaron salir y se [los trabajadores] encontraron con la sorpresa de que no podían regresar a su país”.
El lunes, la Fiscalía Superior de Bolivia, que está investigando a Áñez por presuntas vulneraciones a los derechos humanos de los bolivianos, pidió al gobierno del municipio chileno de Colchane información sobre las medidas que tomó esta ciudad fronteriza para proteger a los ciudadanos bolivianos.
El alcalde suplente de Colchane, Elías Mollo, dijo que colaborarían con la Justicia boliviana y afirmó: “Como municipio tuvimos la responsabilidad moral de atender a casi un millar de bolivianos a los que se les impedía volver a su propio país en busca de refugio”.
A la intemperie
Los ciudadanos bolivianos se acercaban todos los días a la frontera para intentar regresar a sus hogares, pero siempre se encontraban con la negativa de los militares.
Los jornaleros tuvieron que acampar a la intemperie y solicitar ayuda a la alcaldía local. El momento de mayor tensión fue cuando, tras conocer que unas 480 personas sí habían podido cruzar y se mantenían en cuarentena del lado boliviano, unos 200 jornaleros intentaron pasar la frontera por la fuerza, momento en que se produjo un enfrentamiento con los militares.
El entonces alcalde de Colchane, Javier García Choque, señaló en ese momento que el personal de la salud de la localidad chilena tuvo que atender a varios ciudadanos bolivianos debido al enfrentamiento, algunos desmayados a causa de los gases arrojados por las Fuerzas Armadas y otros con golpes. Además, calificó de “tragedia humanitaria” lo sucedido con los jornaleros.
La respuesta del gobierno de facto de Áñez fue apuntar contra el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido liderado por Evo Morales. Tras el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que no había personas varadas en Colchane y que los incidentes en la frontera fueron ocasionados por militantes del MAS que buscaban provocar “un Vietnam” en el país. “Efectivamente, tenemos identificados a 35 activistas mezclados en esa marcha y también hemos podido, por nuestros sistemas de inteligencia, ver que se está pagando 300 bolivianos [unos 40 dólares de la época] por cada persona para que haga esto; buscan desestabilizar el Estado”, afirmó. Luego, el ministro de Justicia de Áñez, Álvaro Coimbra, afirmó que el alcalde chileno era simpatizante del MAS.
Sin embargo, ninguna de esas acusaciones pudo ser verificada. Los jornaleros se contactaron con el diario La Opinión de Bolivia para confirmar que efectivamente seguían varados y a la intemperie en Colchane, y acusaron a Murillo. “No estamos alimentándonos bien y de manera sana, al mismo tiempo que por las noches estamos pasando frío. En ese sentido estamos expuestos a que nuestras defensas bajen y seamos más propensos a contraer enfermedades”, señaló a ese medio una de las mujeres que acampaban en la frontera. Coimbra, por su parte, terminó pidiendo disculpas al alcalde de Colchane en Twitter.
Frontera y migración
Desde que comenzó la pandemia de la covid-19, Colchane se ha enfrentado a un grave problema de migración descontrolada. A la situación de los jornaleros bolivianos se sumaron los constantes intentos de centenas de ciudadanos venezolanos por ingresar a Chile a través de esa frontera.
Estas incursiones en territorio chileno a través de una localidad ubicada a 3.700 metros sobre el nivel del mar no siempre son exitosas, y en algunos casos terminan con la muerte. Así ocurrió el 3 de febrero y luego el 17 de marzo, cuando tres migrantes (dos venezolanos y un colombiano) murieron al tratar de cruzar por pasos inhabilitados.