La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU publicó esta semana su informe anual, en que reclamó a Brasil que respete los derechos humanos de quienes consumen drogas y evite implementar los tratamientos obligatorios.
“La Junta desaconseja el recurso al tratamiento obligatorio para rehabilitar a los pacientes con trastornos por consumo de drogas y recuerda el informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, presentado al Consejo de Derechos Humanos [...] en que el Relator Especial advirtió que las justificaciones médicas nunca deben utilizarse como defensa o justificación de políticas y prácticas que violen la dignidad y los derechos de las personas que consumen drogas”, señala el informe.
Luego añade: “La Junta exhorta al gobierno de Brasil a crear servicios de tratamiento voluntario con base empírica y en que se respeten debidamente los derechos humanos de los pacientes, de conformidad con las Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el Uso de Drogas de la UNODC [Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito] y la OMS [Organización Mundial de la Salud] y con las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes 46/1 y 59/4”.
Desde 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro implementa la internación obligatoria y el tratamiento sin autorización judicial de los consumidores de drogas. Todo es avalado por una ley antidrogas aprobada en junio de ese año, que además implementa la internación de los adictos en centros privados y religiosos.
Según la ley, si un familiar, un tutor o un funcionario de salud pública recomiendan la internación, es motivo suficiente para aplicarla, sin que importe la voluntad del consumidor. Desde julio de 2020, los adolescentes de 12 a 18 años son comprendidos dentro de esta ley y derivados a comunidades terapéuticas. Según los estudios relevados por la Junta, 95% de estos centros recurre a tratamientos que no tienen base científica.
Tráfico en pandemia
La política en contra de la liberalización de las drogas y a favor de una mayor represión al consumo no parece estar funcionando del todo bien, ya que, según informa la Junta, desde 2019 las organizaciones de narcotráfico comenzaron a crear nuevas rutas para eludir los cierres de fronteras y aumentó el uso de aeronaves ligeras que, volando a baja altura, evitan ser detectadas por los radares de Bolivia, Perú y Brasil.
En Brasil creció la demanda de cocaína y también su precio. La pandemia de la covid-19, siempre según el Informe Anual, cambió los métodos de microtráfico, que debido al confinamiento en varios países llevó a los traficantes a recurrir a plataformas de internet, servicios de reparto e incluso camiones que transportaban material de emergencia, como cuando en Brasil se detectó, en marzo de 2020, que más de una tonelada de cocaína viajaba dentro de los guantes quirúrgicos que transportaba un camión.
Además del mayor consumidor de cocaína de América del Sur, Brasil es una ruta clave para el tránsito de estupefacientes, en particular el de cocaína, que parte de allí rumbo a África y Asia, señala la Junta. Por ejemplo, en abril de 2020 se incautaron más de 500 kilos en un embarque que se dirigía a Costa de Marfil en el puerto de Paranaguá.
Esto va en línea con lo denunciado por la UNODC, que señalaba que entre 2014 y 2018 la mayor parte de la cocaína incautada en África salió de Brasil y tenía a Europa como destino final.
Desde 2019, la fabricación local de éxtasis en Brasil aumentó considerablemente, según informó el gobierno local. Ocho laboratorios clandestinos fueron desmantelados entre 2018 y 2020, pero esto no ha sido suficiente para frenar el volumen de fabricación en ese país.
Según la UNODC, esos mismos laboratorios antes se dedicaban a recibir esa misma droga importada y a cortarla o recomprimirla. Sin embargo, la práctica de producirla es nueva en el país, según concluye la Junta con base en el desmantelamiento de algunos laboratorios en el sur brasileño, que llevaban adelante todo el proceso de fabricación.