Un siglo y medio atrás el gobierno de la época hizo un llamado para dotar de servicio de agua corriente a la capital, lo que derivó en la adopción del río Santa Lucía como la fuente de abastecimiento y la construcción de una planta en la localidad canaria, luego bautizada como Aguas Corrientes, igual que la empresa adjudicataria. Con ampliaciones y diversos cambios, esa planta sigue siendo por donde pasa el agua que llega a los hogares del área metropolitana, abasteciendo a 1.700.000 personas.

Esto podría cambiar en función de una resolución adoptada por el directorio de OSE el 23 de febrero, que permite avanzar con el estudio de factibilidad de un proyecto que implica una inversión millonaria para la construcción de una nueva planta potabilizadora. 

Se trata de una obra de iniciativa privada ‒presentada por un consorcio de empresas constructoras‒ que prevé realizar la planta, una estación de bombeo de agua tratada, una nueva tubería aductora de 80 kilómetros de longitud hacia Montevideo y el establecimiento de una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata ‒en la zona de Arazatí-Bocas del Cufré‒. Esto último implicaría que el río Santa Lucía deje de ser la única fuente de abastecimiento.

El director de OSE en representación del Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, aclaró en una carta que envió al FA, a la que accedió la diaria, que se trata de una aprobación  “parcial” del proyecto y que, más allá de ciertos reparos que tiene, votó de forma afirmativa por la realización de un estudio de factibilidad que permita contar con mayor información para evaluar la conveniencia de la obra. Además, en la misiva plantea una serie de “interrogantes” a responder.

Sobre los costos del proyecto, informó que OSE estudia cuatro escenarios que implicarían una inversión de entre 124 y 236 millones de dólares. Esto sin contar “los montos asociados a otras obras necesarias para permitir el ingreso al sistema actual de los caudales de agua producida por la nueva planta”, ni los recursos humanos que deberán incorporarse.

La idea de OSE es solventar esto por medio de un fideicomiso, que implica como contrapartida entregar una parte de los ingresos de la empresa. Según el representante del FA, las autoridades aún no han brindado precisiones sobre los temas de la financiación, ni sobre cómo piensan encarar la operación de la nueva planta. “Es indispensable la determinación clara de la modalidad de contratación planteada para el proyecto”, afirmó Ortuño.

Señaló que mientras en el informe de la gerencia general se habla de una obra “llave en mano” ‒el privado construye y cobra al finalizar‒, en la resolución que llegó al directorio se mencionan “otras modalidades posibles a estudiar”, como que las empresas constructoras se encarguen de la operación y el mantenimiento. Incluso cabe la posibilidad del “otorgamiento de una concesión al privado, en la cual luego de un período prolongado el concesionario transfiere la operación a la administración pública”, advirtió.

Además, cuestionó cómo se combina esta obra con otra que tenía proyectada OSE, la construcción de la presa sobre el arroyo Casupá ‒Ortuño menciona tres estudios de 2001, 2013 y 2017 que establecen que es “la alternativa más conveniente para el abastecimiento de agua potable para el sistema metropolitano” ‒, que ya cuenta con financiación aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina y en la que se gastó un millón de euros hasta el momento. También menciona el “riesgo” de postergación de las obras para “solucionar el abastecimiento de agua potable de la Costa de Oro”.

El proyecto de la planta potabilizadora está siendo tratado, además de por OSE, por el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña. El Partido Colorado (PC), al que pertenece, mencionó la obra en un documento con medidas que entregó días atrás al gobierno: “Potenciar los escasos recursos del Estado mediante obras fundamentales de infraestructura, en acuerdo con empresas privadas (por ejemplo, planta potabilizadora en el Río de la Plata)”.

Un servicio “prestado exclusiva y directamente” por el Estado

En la carta que envió Ortuño al FA repasa que además de la obra de la nueva planta potabilizadora, OSE estudia otros proyectos de iniciativa privada: uno para la reducción del agua no facturada, con una inversión asociada de 400 millones de dólares a diez años; y otro para el tratamiento y disposición final de los lodos provenientes del proceso de potabilización en la planta de Aguas Corrientes, una inversión de 30 millones de dólares y cuatro millones más por año de mantenimiento.

“Las iniciativas deben aceptarse o rechazarse según contribuyan o no al cumplimiento de los fines de la empresa pública, de acuerdo a los planes estratégicos de desarrollo. No resulta conveniente la iniciativa privada si afecta los cometidos esenciales de la empresa estatal, o si se generaliza su uso trasladando la gestión fuera de la misma”, planteó el director opositor. Recordó que el artículo 47 de la Constitución y la ley orgánica de OSE disponen que “el servicio de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.