Hace pocos días se supo que OSE aprobó avanzar en estudios para una nueva planta potabilizadora, de iniciativa privada, presentada por un consorcio de empresas constructoras, que prevé realizar además una estación de bombeo de agua tratada, una nueva tubería aductora de 80 kilómetros de longitud hacia Montevideo y el establecimiento de una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José. El proyecto, llamado Neptuno, fue presentado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, bajo el nombre Consorcio Aguas de Montevideo.

En la tarde de este lunes, en el marco del Día Internacional del Agua, se dio una charla sobre el proyecto Neptuno con representantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.

Nicolás Ferreira, secretario general de FFOSE, sostuvo que OSE nunca hizo una “comunicación oficial” al sindicato para informar sobre el proyecto y subrayó que el informe de la división Jurídica realizado por el organismo es “tendencioso”, ya que hace una “relectura” del artículo 47 de la Constitución para que “el consorcio de empresas pueda realizar la obra”. “Entendemos a OSE como un organismo público, y el único fin que debe perseguir es el abastecimiento de agua potable y saneamiento para la sociedad, con una tarifa muy accesible a toda la población”, sostuvo.

El artículo 47 de la Constitución, que fue modificado por un plebiscito en octubre de 2004, establece, en su segundo inciso, que “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”. Además, el artículo 47 señala que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Ferreira subrayó que el proyecto “no puede tratarse con confidencialidad” y que “no se puede decidir en un escritorio entre cuatro paredes”. “Como sindicato no nos negamos a las obras, pero sí a las condiciones en las que estas obras son impuestas al Estado. Entonces, nos cabe hacernos grandes preguntas: ¿qué tipo de Estado prefigura esta obra? ¿Quieren que sea una cáscara vacía, que la factura diga ‘OSE’ pero los privados vayan a construir, a operar y a gestionar?”, finalizó.

A su vez, Sofía Mansilla, de la Comisión Pro Balneario Arazatí, conocida como Los Tucu Tucu, dijo que los vecinos se enteraron del proyecto Neptuno por la prensa. Agregó que hicieron un pedido de informes a la Intendencia de San José, pero la respuesta no fue la que esperaban, y tuvieron “que apelar a un diputado” para que hiciera un pedido de informes y así conocer los detalles. Subrayó que el proyecto no es solamente de agua para consumo humano sino también “para uso agrario”.

“Nosotros no estamos en contra del consumo de agua para la zona metropolitana, estamos en contra de que no se nos diga la verdad, porque nos dijeron que no era para riego. Nos preocupa mucho este proyecto. Planteamos una mesa de diálogo con la intendenta [Ana María Bentaberri, del Partido Nacional] y diferentes organismos para poder planificar un balneario sustentable, y esto va contra todo lo que nosotros buscábamos. Además, en Arazatí también hay asentamientos, personas que viven sin luz y sin agua. [El proyecto Neptuno] no contempla nada, acá lo único que hay es uso agrario, cuánto van a dar el maíz y la papa”, señaló.

Por último, Mansilla sostuvo que les quedan “muchas preguntas” para hacerles a las autoridades, ya que “nadie” les está “diciendo la verdad”.