“Esta es la segunda carta dirigida a usted, Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, de parte de nosotros y nos gustaría obtener alguna respuesta”, le escribieron los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, al presidente Luis Lacalle Pou, en una carta fechada el 18 de marzo y que fue recibida ayer en la Torre Ejecutiva.
En la carta los vecinos mencionan que les gustaría conversar de primera mano con el presidente sobre una posible solución para su situación habitacional. “Confiamos en que al menos una carta será dada en mano para que nos pueda recibir en una entrevista presencial, para poder saber qué piensa nuestro presidente y qué camino podemos tomar dada tanta persecución. No somos narcos, no somos chorros, acá hay familias que necesitan de un techo y trabajaremos por tenerlo porque somos gente de trabajo en Nuevo Comienzo”.
Los vecinos mencionan en la misiva que ni bien se enteraron de que los predios ocupados “pertenecían a alguien”, se han enfocado en “buscar una solución para todas las partes afectadas (propietarios y asentados), respetando el derecho de los dueños pero también intentando hacer valer el derecho a la vivienda que debería tener cada uruguayo”.
En la carta se destaca el trabajo generado por el abogado Juan Ceretta, quien cursó un recurso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo pidió a principios de febrero la suspensión de los desalojos si es que el Estado no podía garantizar el derecho a una vivienda digna de los ocupantes.
Por otra parte, la carta cuestiona tanto el accionar como expresiones de autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). “Quienes deberían solucionar nuestro problema han hecho caso omiso, hablando del asentamiento simplemente como uno más del montón, y no somos uno más”. La referencia es a las repercusiones a una carta enviada en febrero de este año a la cartera. Según publicó la diaria, fuentes del ministerio sostuvieron que Nuevo Comienzo “preocupa de la misma manera a las autoridades que el resto de los 649 asentamientos que no tienen tanta prensa y están desde hace más tiempo en la realidad del país”.
Uno de los voceros de los vecinos del asentamiento, Gerardo Rivas, dijo a la diaria que si bien lograron el aval de la Intendencia de Montevideo para trasladarse a un predio de la comuna, “no nos entregan los terrenos si el MVOT no pone su parte para generar un plan de vivienda o al menos la media canasta básica de material”. “Nos dicen que no nos pueden dar un terreno o realojar los ranchos para que se arme otro asentamiento”, agregó.
Acción de amparo contra el MVOT
Además, los vecinos sostienen en la carta que corren “riesgo” de “ser procesados por un delito, que mirando la necesidad de tener la vivienda digna no parece muy justo”. “Si vamos para no ser procesados le estaríamos generando otro problema al país, ya que estaríamos ocupando algún lugar público o paseando en las calles de Montevideo por no tener realmente donde vivir”, dice la misiva.
En efecto, Rivas explicó que cuatro familias que ya habían sido procesadas por la ocupación de los terrenos en el asentamiento fueron nuevamente encontradas allí y tienen plazo hasta el 4 de abril para abandonar el predio, o de lo contario, “si las encuentran nuevamente, las llevarán presas”.
Ceretta detalló a la diaria que 19 vecinos habían sido procesados por diferentes delitos, como usurpación, robo de energía eléctrica y hasta “asociación para delinquir”, y tendrían que haberse ido de Nuevo Comienzo antes del 3 de enero de 2021. Estas personas fueron citadas a declarar al juzgado pero sólo asistieron cuatro de ellas. En la audiencia, y ante la falta de otras opciones, las cuatro personas “acordaron” con la jueza penal de 44° turno, Diovanet Olivera, que estas personas abandonarían el predio el 4 de abril.
Pero Ceretta sostuvo que presentará un recurso de amparo contra el MVOT, basado en la propia decisión de la jueza, “pidiendo que se condene al Ministerio de Vivienda a dar una solución habitacional a estas personas y sus familias”. Dicho recurso, adelantó, estará fundado en el derecho a la vivienda y fundamentalmente desde la óptica de los niños, ya que tres de estas cuatro personas tienen hijos menores, por lo que en esos casos el recurso irá a parar a un juzgado de familia.
“Justificamos la urgencia del amparo en la propia resolución de la jueza penal. Hay un juez que les dice que se tienen que ir de allí pero estas personas no pueden desaparecer”, argumentó.