Tras ser mandatada su conformación la semana pasada por el Supremo Tribunal Federal, esta semana comenzará a trabajar en el Congreso brasileño la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que tendrá como objetivo indagar sobre la actuación del gobierno que lidera Jair Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus.

El oficialismo tendrá minoría en la comisión, que luego de un acuerdo al que llegaron los senadores será presidida por Omar Aziz, perteneciente al centro derechista Partido Social Democrático, tendrá como vicepresidente a Randolfe Rodrigues, integrante del partido ecologista Rede, férreo opositor al gobierno, y la relatoría de la comisión estará a cargo del veterano senador Renan Calheiros, perteneciente al Movimiento Democrático Brasileño, quien también es un enemigo político del presidente.

De acuerdo a lo que informó el diario carioca O Globo, el foco de la CPI estará puesto en las fallas del gobierno en la compra de vacunas y en la defensa del mandatario del tratamiento de la covid-19 con medicamentos sin eficacia comprobada científicamente, como la hidroxicloroquina.

Además de apuntar a la responsabilidad de los exministros de Salud, particularmente del penúltimo, Eduardo Pazuello, otro de los investigados será el excanciller Ernesto Araújo, quien alineado con Estados Unidos atacó permanentemente al gobierno chino, quien al mismo tiempo le estaba suministrando al país uno de los inmunizantes desarrollados en su país, la Coronavac.

Otro tema que será abordado por la CPI será la estrategia adoptada por el gobierno de Bolsonaro de apuntar a la inmunidad de rebaño, actuando deliberadamente contra las posiciones de las instituciones que estaban a favor de establecer medidas de restricción de la movilidad. La conformación y el comienzo de los trabajos son un dolor de cabeza más para el desgastado Bolsonaro, en un momento en el que Brasil sigue padeciendo profundamente la pandemia y los indicadores de su economía están empeorando.

Eventualmente, la CPI puede disponer la convocatoria de exautoridades y de actuales jerarcas a prestar declaración, y puede ordenar levantar los secretos sobre las conversaciones y cuentas bancarias de personas investigadas y la derivación al Ministerio Público de los casos. Según trascendió, el Ejecutivo de Bolsonaro está preocupado por un inminente llamado a declarar a Pazuello, exministro de Salud y figura muy cercana al mandatario.

La semana pasada, ministros del Tribunal de Cuentas indicaron que Pazuello y sus auxiliares deben ser castigados por sus omisiones durante la gestión de la pandemia. De acuerdo a lo que informó el portal Carta Capital, uno de los ministros de este tribunal, Benjamin Zymler, expresó que el Ministerio de Salud evitó asumir el liderazgo del combate a la pandemia.

Según Zymlelr, durante la gestión de Pazuello se cambió el plan de contingencia del ministerio frente a la pandemia, con la finalidad de sacarle responsabilidades al gobierno federal sobre el manejo de los stocks de medicamentos, insumos y test de análisis. “En lugar de expandir las acciones para asumir el control de la asistencia farmacéutica y garantizar la existencia de insumos necesarios, el ministerio excluyó sus responsabilidades por medio de reglamentaciones elaboradas con ese fin”, afirmó Zymler.

Mientras estos argumentos servirán para reforzar la postura de los opositores dentro de la CPI, los aliados de Bolsonaro pondrán el foco en las transferencias de dinero realizadas por el gobierno federal a los estados y municipios durante la pandemia, con la finalidad de buscar algún tipo de irregularidades.

Uno de los principales blancos de los legisladores afines al Ejecutivo será el Consorcio del Nordeste, un grupo conformado por gobernadores opositores a Bolsonaro que dentro de sus posibilidades crearon un plan alternativo de combate a la pandemia en sus estados.