Un grupo de diputados chilenos de la oposición se reunió este miércoles para analizar la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que de tener éxito podría desembocar en su destitución.

Según informó la radio Bío-Bío, siete diputados de distintos sectores que integran el Frente Amplio chileno participaron en la reunión. Uno de ellos, Leonardo Soto, dijo que se mantuvieron conversaciones con abogados especializados en Derecho Constitucional y asesores parlamentarios para evaluar la mejor forma de presentar la acusación contra el mandatario.

Durante el año pasado y este, en el contexto de la crisis económica que generó la pandemia de coronavirus, en Chile se aprobaron dos retiros de 10% del dinero reunido en las cuentas de cada trabajador chileno que se encuentra en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El mes pasado, se presentó un proyecto de ley para habilitar un tercer retiro, argumentando que los problemas económicos no se están logrando solucionar con las medidas tomadas por el gobierno hasta el momento.

Con la aprobación del documento en forma parcial en el Senado y con el horizonte de la votación previsto para este jueves en la Cámara Alta, Piñera resolvió presentar el martes un recurso ante el Tribunal Constitucional para bloquear la ley.

En una conferencia de prensa, el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el gobierno debe “velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas” y que un tercer retiro “atenta contra la calidad de vida de los chilenos”.

La resolución del gobierno no sorprende ni a los legisladores ni a la opinión pública. Piñera había anticipado el 16 de abril que, de aprobarse el tercer retiro de pensiones, recurriría al Tribunal Constitucional. “Siempre vamos a defender el respeto a la Constitución porque es esencial en un Estado de derecho y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y de ser necesario en el Tribunal Constitucional”, afirmó, de acuerdo con lo que informó La Tercera.

Ante esta situación, los legisladores de la oposición optaron por buscar la acusación constitucional, ya que, además de bloquear el proyecto, Piñera no planteó una alternativa.

A lo largo de la historia de Chile se han presentado cerca de 100 acusaciones constitucionales, de las cuales sólo 20 terminaron con la destitución de un funcionario. Piñera ya se sometió a uno de estos procesos en 2019 a raíz de las protestas sociales que iniciaron el 18 de octubre de ese año, pero el tema nunca se llegó a tratar porque el mandatario se acogió a la figura de la cuestión previa, que implica que la acusación no cumple con los requisitos señalados en la Constitución.

Sin embargo, Piñera sí sufrió la destitución de dos ministros debido a acusaciones constitucionales. El primero fue su titular de Educación en 2013, Harald Beyer, por no haber fiscalizado la existencia de lucro en las universidades pese a haber recibido denuncias al respecto en el marco de las protestas por educación gratuita.

Luego, durante su segundo mandato y debido a la represión a las protestas de octubre de 2019, fue destituido por los legisladores su ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.