El Senado aprobó este miércoles una moción para tratar de forma grave y urgente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se crea el “Impuesto Emergencia Sanitaria 2-Covid-19” y un adicional de carácter mensual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), para atender a los sectores más afectados por la interrupción de sus actividades producto de la declaración de emergencia nacional sanitaria, en marzo de 2020. La coalición y la oposición votarán el proyecto, aunque el Frente Amplio (FA) lo hará en general pero con diferencias en los contenidos particulares, y presentó aditivos.

Este nuevo impuesto, propuesto por el gobierno para aportar al Fondo Solidario Covid-19, grava los salarios públicos mediante la aplicación de tasas progresionales vinculadas a una escala de remuneraciones y prestaciones, y quedan excluidos los sueldos menores a 120.000 pesos nominales. La tasa es de 5% para sueldos de entre 120.001 y 130.000; de 10% entre 130.001 y 150.000; de 15% entre 150.001 y 180.000, y de 20% para los sueldos mayores a 180.001. El impuesto se devengará en los meses de mayo y junio de 2021.

Por otra parte, la iniciativa crea un adicional al IASS que gravará los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas, paraestatales y privadas, que también se descontará en mayo y junio. Las franjas son iguales a las de los salarios.

El senador nacionalista Jorge Gandini, miembro informante del proyecto, consideró que este impuesto es “mejor” que el que se votó el año pasado para gravar los salarios públicos, pese a que “recauda menos que el anterior”, dado que “grava más a los que tienen salarios mayores de 180.000 pesos”. “Es un impuesto mejor diseñado que paga el costo de recaudar menos, seguramente menos de la mitad que el anterior”, aseguró.

En tanto, la oposición manifestó su opinión contraria a la exposición de motivos y los contenidos particulares del proyecto. El coordinador de la bancada frenteamplista, Óscar Andrade, señaló que su partido va a aprobar en general el proyecto, aunque con “diferencias en los contenidos en particular”. Asimismo, puso de manifiesto diferencias de la oposición con el espíritu de la iniciativa: “Es necesario y urgente, más que discutir la cuestión fiscal, discutir los recursos para muchísimas actividades que están en una situación dramática hoy”, opinó. Por esa razón, la oposición presentó una serie de aditivos.

“No entendemos cómo desde el punto de vista de la justicia tributaria -y ahí tenemos un acuerdo con el Partido Colorado [PC]- tiene que contribuir el salario de más de 120.000 pesos del gerente de Antel y no tiene que contribuir el salario del gerente de Claro. No entendemos cómo le pedimos un aporte excepcional de dos meses al gerente del Banco República y no se lo pedimos al gerente de Santander o Itaú”, reflexionó Andrade, e indicó que uno de los aditivos tiene que ver con que exista también una contribución de la actividad privada para este fondo.

En segundo lugar, la oposición propuso que también exista un esfuerzo del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas y jurídicas que hayan tenido un resultado positivo en el último ejercicio equivalente a 10% del monto pagado el año pasado, por única vez: “Las empresas que no están atravesando dificultades, porque el impacto económico no es homogéneo, ¿es que no pueden poner nada para atender la emergencia social en un momento dramático?”, señaló. Por último, el FA propone que exista una participación “a la hora de atender la emergencia social por parte de residentes en Uruguay que tienen más de 8.000 millones de dólares depositados o de patrimonio en el exterior”.

Cruce entre Botana y Argimón por el reglamento

Tras la alocución de Andrade, en la que hizo mención al PC, el senador colorado Germán Coutinho pidió la palabra por una alusión, y cuestionó a la oposición por “oportunista” y querer “politizar” la pandemia. “Hoy estamos pasando el peor momento de la pandemia, el más difícil, y lo que veo yo es oportunismo, politización, que quieren aprovechar y ver a quién le duele más la muerte de un uruguayo”, apuntó, y pidió que “no debiliten y dejen avanzar y decidir a quienes están al mando y vienen al mando de esta tragedia nacional e internacional”. La alocución de Coutinho fue interrumpida -al igual que la de Andrade- por la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, por entender que se alejó del motivo de la discusión.

Luego del intercambio entre Coutinho y Andrade, el senador blanco Sergio Botana pidió “incorporar al reglamento la alusión de alusión, así podemos incorporar las palabras”, ante lo cual Argimón le preguntó si estaba “cuestionando a la mesa”. “Sí, señora. Estoy haciendo una propuesta, porque a veces la mesa es muy estricta para algunas cosas y en otras oportunidades no tanto”, aseveró el exintendente de Cerro Largo. Al respecto, Argimón afirmó que tiene en consideración “que todo el mundo se exprese”, hasta que “se pasan de raya y están en el filo del reglamento”.

“Usted está en todo su derecho de cuestionar a la mesa y con mucho gusto someto a votación del cuerpo si están de acuerdo con nosotros o no, ¿es lo que usted está queriendo?”, le preguntó al senador, quien alegó que “lo que se está queriendo es que si la mesa es estricta, sea estricta siempre”. “Somos estrictos con el reglamento, y estamos intentando, en un momento muy difícil, llevar adelante el tratamiento de un proyecto de ley también importante”, manifestó la vicepresidenta, y la discusión sobre el proyecto siguió su curso.

Bancada del FA pide tratar proyecto que presentó Astori para gravar capitales en el exterior

La bancada frenteamplista presentó una moción para tratar de forma grave y urgente el proyecto de ley que elaboró el senador Danilo Astori que propone gravar capitales en el exterior del país. Esta iniciativa, que contiene un artículo único, grava con una alícuota de 2% los depósitos, préstamos “y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior” del país al 31 de diciembre de 2021, siempre que superen el mínimo no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). En el caso de sujetos pasivos al impuesto a la renta a las actividades empresariales el tributo se aplicará siempre, sin mínimo no imponible. Además, se determina que dicho impuesto se liquidará con base en una declaración jurada, y que la no declaración total o parcial de los bienes gravados configurará una “defraudación” y “será sancionada con la multa máxima por defraudación a aplicarse sobre el impuesto correspondiente a los bienes no declarados”.