Este jueves, el presidente de Bolivia, Luis Arce, informó que al 31 de marzo se habían recaudado 159,3 millones de pesos bolivianos (unos 22,9 millones de dólares) con la aplicación del impuesto a las grandes fortunas, y afirmó: “Superamos nuestras expectativas”. El mandatario agregó a través de Twitter que se registraron 182 millonarios residentes en Bolivia, lo que corresponde al 0,001% de la población.
En el mismo hilo, Arce continuó: “Con esta medida, los más ricos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados. Reactivamos nuestra política de redistribución de los ingresos. #VamosASalirAdelante”.
Con esta medida, los más ricos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados. Reactivamos nuestra política de redistribución de los ingresos. #VamosASalirAdelante
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 1, 2021
Más tarde, según informó Efe, el presidente de Servicios de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, confirmó esa recaudación para el Tesoro General de la Nación y agregó que esa cifra es 59,4% superior a la calculada en un principio. Cazón sostuvo que de los 182 inscritos voluntariamente hasta este miércoles, cuando venció el plazo para el pago, 110 contribuyentes habían cumplido y resta el pago de otros 72, lo que sumaría unos 3,5 millones de dólares más.
El jerarca dijo que 182 inscriptos están en seis de las nueve regiones de Bolivia, y 51% de la recaudación proviene de contribuyentes del departamento de La Paz.
Por su parte, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, destacó que la recaudación por este impuesto servirá para aumentar los gastos en salud, educación e inversión pública.
El impuesto a las grandes fortunas fue una de las primeras promesas electorales que Arce (Movimiento al Socialismo) concretó ni bien asumió como presidente. Su idea era que las 150 familias más pudientes del país colaboraran para mitigar la caída de la economía, que en 2020 fue de 8%.
Promulgado en diciembre del año pasado, el impuesto se aplica a “personas naturales” y a riquezas colocadas en el territorio nacional o en el exterior, cuyos detalles deben actualizarse anualmente mediante una declaración jurada. La ley fija un tributo variable con alícuotas de 1,4%, 1,9% y 2,4%, según el patrimonio.