Luego de la postergación por motivo de la pandemia y la paralización del Parlamento, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, asistió a la Comisión de Transporte del Senado para explicar la negociación y el acuerdo que realizó el gobierno con la empresa belga Katoen Natie para extender la concesión hasta 2081 –por 50 años, ya que vencía en 2031– de la terminal especializada de contenedores.
El senador blanco Jorge Gandini dijo a la diaria que “el reclamo de la empresa dejaba escasísimas posibilidades de ganar el juicio”, y que las autoridades presentaron “cinco informes jurídicos” que ratifican esta posición. “Ese fue el origen del problema y el centro del acuerdo [con Katoen Natie] es cumplir la ley de puertos, esa es la solución. Más allá de que dentro del acuerdo se extendió el plazo con una inversión de 450 millones de dólares”, expresó.
Mientras que Heber en rueda de prensa señaló: “Se ha criticado que dimos 50 años más de concesión. Es porque va a haber 450 millones de inversión en el período, la más grande en la historia de la vida del puerto. La concesión inicial [en 2001] fue por 30 años y 35 millones de inversión”. Agregó que los puertos del mundo –mencionó Barcelona, Delaware y Valparaíso, entre otros– se han otorgado por plazos de entre 50 y 99 años, porque “al ser inversiones tan grandes, lleva años recuperarlas”.
El ministro sostuvo que lo acordado es “ampliamente conveniente para Uruguay y para el puerto de Montevideo”, que con mejor infraestructura saldrá a competir por la carga regional. “El juicio por 1.500 millones era un dolor de cabeza, no sólo por la demanda en sí sino porque iba a congelar la situación del puerto, no iba a haber inversión ni captación de carga”, complementó.
Tal como consignó la diaria días atrás, la firma Montecon entiende que el acuerdo brinda preferencias a Katoen Natie para despachar la carga y consagra un monopolio contrario a la ley de puertos, por lo que podría iniciar un juicio contra el Estado. Según Heber, “nos comprometimos a cumplir la ley de puertos y el decreto reglamentario, que era lo que no venía pasando”. Añadió que Montecon formaba parte de “una situación ilegal”, porque “no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente” contra Terminal Cuenca del Plata (TCP), la firma concesionaria –propiedad 80% de Katoen y 20% del Estado uruguayo–.
En una línea similar se pronunció Gandini: “Desde 2008 se incumplió la normativa. Se le dieron permisos precarios a una empresa también extranjera, canadiense-chilena, como Montecon, para recibir y operar contenedores. Había de un lado una concesión subastada dentro del marco legal y del otro un área pública sin concesión y por tanto sin ninguna inversión y con permisos precarios por 90 días, que se renovaron 48 veces y con una tarifa de almacenaje más barata”. Estas condiciones, según el legislador, explican la variación del mercado en los últimos años, donde TCP perdió carga a manos de su competidora.
También el jerarca dijo que, al levantar el juicio, el Estado podrá cobrar 30 millones de dólares de dividendos de TCP, que permanecían retenidos por Katoen. Consultado sobre por qué no se llamó a licitación para extender la concesión, Heber declaró que “eso demoraría” los tiempos y “no evitaba el juicio”.
En las afueras del Parlamento hubo una movilización de los trabajadores del puerto en reclamo por los potenciales efectos en fuentes laborales que tenga la extensión de la concesión, por la afectación a la actividad en los muelles públicos. “Vamos a generar más puestos de trabajo” con la inversión, respondió Heber.
Desde el Frente Amplio (FA) se cuestionó, según surge de la versión taquigráfica, que el acuerdo alcanzado con Katoen se hizo público al momento de la sesión, sin posibilidades de estudiarlo previamente. “¿Cuáles son las obligaciones que asumimos? Me van a decir que traerán copias, pero a mí me gustaría recibir esa respuesta personalmente. Y si no es posible hoy porque el señor ministro se tiene que ir a vacunar, me gustaría que se suspendiera la sesión y que continuemos en otro momento”, planteó Charles Carrera.
Además, el senador del Movimiento de Participación Popular pidió saber “cómo fue el marco de las negociaciones” y advirtió por el hecho de que el gobierno actual da la razón a Katoen en el reclamo: “Si uno reconoce que incumplió en una transacción internacional de esta magnitud, nos preocupa que en el futuro esto juegue a favor del otro actor”. En ese sentido, agregó que se realiza “una composición de por qué íbamos a perder esa demanda cuando no existió demanda”, dado que Katoen Natie envío advertencias previas a iniciar el juicio internacional. También ratificó que de los dichos del ministro se desprende que habrá “un monopolio de hecho a favor de TCP”, lo que va contra “la libre competencia” que defiende la ley de puertos.