La diputada de Cabildo Abierto (CA) Elsa Capillera dijo que analiza proponerle a su bancada una iniciativa para que en los casos en que se encuentre una fiesta clandestina, se penalice no sólo a los organizadores sino al resto de los participantes. “Capaz que se podría tomar medidas más drásticas en esos casos, porque la gente que va también es culpable, sabe que no se puede y va igual”, expresó.
Para afrontar la crítica realidad sanitaria que vive el país, la legisladora también dijo que la instalación de un espacio de diálogo entre todos los partidos es importante, porque de lo contrario puede existir un “desgaste” del sistema político. A su juicio, en esa instancia deberían estar representados “los siete partidos políticos”, no como en la comisión que comenzará a trabajar la semana que viene en el Senado, integrada por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado (PC) y CA.
En tanto, el senador nacionalista Sebastián Da Silva se mostró partidario de sancionar a los participantes de las fiestas clandestinas, pero, a diferencia de Capillera, consideró que ya existe el marco legal adecuado para multarlos, por ejemplo, tanto a través de la ley que estableció la limitación del derecho de reunión como de otras normas. “A sabiendas de que es algo que no se puede hacer, el concurrente que va a una fiesta clandestina debería tener una multa que nunca más se la olvide. El actual marco legal lo habilita. Pero luego cada fiscal es un mundo aparte a la hora de aplicar la normativa”, expresó.
Para el diputado colorado Felipe Schipani es necesario tomar medidas a nivel legislativo para sancionar a quienes incumplan con las disposiciones sanitarias. Un primer proyecto que considera que debe tratarse a la brevedad es el que penaliza a quienes violan las normativas sanitarias, que tiene media sanción en Diputados. “Por estas horas hemos hecho gestiones en la coalición para avanzar en su tratamiento, porque creo que puede ser una buena herramienta para disuadir a esta gente”, dijo Schipani.
Otra iniciativa que evalúan presentar es una propuesta de la Cámara de Organizadores de Eventos, que apunta a incautar todo el instrumental de trabajo de los organizadores de las fiestas clandestinas ‒equipos de audio, luces, bebidas‒. “Ya estamos conversando con los otros partidos de la coalición para respaldar esa iniciativa y poder rápidamente aprobar un proyecto en ese sentido para ser estrictos”, sostuvo. La intención, dijo, es “golpearlos por el lado económico”.
Schipani dijo que el caso del organizador de una fiesta que luego tuvo que hacer trabajo comunitario en un hospital en Playa Pascual puede ser “ejemplarizante”, pero “eso no le duele a nadie”. “Me parece que hay que tratar de impulsar medidas un poco más coercitivas”, concluyó.
A su vez, el exfiscal y diputado del PC Gustavo Zubía (Tercera Vía) señaló a la diaria que se debe aprobar el proyecto que ya tiene media sanción en Diputados, porque, a su juicio, con el marco legal actual sólo se puede penalizar a los que realizan fiestas clandestinas bajo el delito de “desacato”, y eso no es suficiente. “Es ir, golpearle la puerta y decirle ‘por favor, señor, deje de hacer la fiesta’, y el tipo te dice ‘volvé en una hora’. Entonces, la Policía vuelve a la hora y, si sigue la fiesta, recién entonces lo puede detener por desacato. Es un sinsentido total, porque el individuo está cometiendo la infracción desde la primera vez que se lo descubre haciendo la fiesta”, subrayó.
Además, Zubía aclaró que le da “lo mismo” que el evento sea “en una iglesia de Pocitos o en un baile en Colón”, ya que el tema es que “no puede haber concentraciones, y tenemos que aplicar el delito ese”, que establece el proyecto que tiene media sanción (fue presentado por el representante blanco Mario Colman). Pero Zubía acotó que el proyecto está “trabado en el Parlamento” y no hay unanimidad para su aprobación. Según el diputado colorado, “el que metió el chucho” fue Germán Aller, del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, porque criticó que el proyecto establece “un delito de peligro”.
“Entonces, volvemos al tema de los derechos humanos en su mejor esplendor, porque como es un delito de peligro, en teoría todavía no se cometió el daño: es la puesta en riesgo de la salud y no la comisión del daño. Entonces, él por un tema filosófico no está de acuerdo con aplicar delitos de peligro, pero yo sí”, afirmó.
Zubía puso como ejemplo que si alguien sale a la puerta de su casa con un revólver y empieza “a los tiros, aunque sean al aire”, la ley lo pena (“Disparo de armas de fuego y de petardos en poblado”, artículo 365, numeral 7 del Código Penal). “Ese es otro delito de peligro. No le pegó un tiro a nadie, pero nadie quiere tener un vecino que salga todas las noches con el revólver para empezar a los chumbazos, aunque no te apunte a vos”, finalizó.