En las primeras horas de la mañana de este miércoles y por orden del ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, se autorizó el allanamiento e incautación y supresión del secreto bancario del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, para investigar si participó en un esquema para facilitar la exportación ilegal de madera. En la operación iniciada, denominada Akuanduba, también se investiga el involucramiento en el caso de Eduardo Bim, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, quien fue designado en el cargo por Salles, así como de otros nueve funcionarios de ese organismo.

De acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, Salles se presentó de mañana en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, acompañado por un ayudante armado, un oficial militar de la reserva que, según fuentes cercanas al jerarca, suele acompañarlo debido a las amenazas que habría recibido. Los agentes de policía informaron que Salles exigió explicaciones sobre la investigación y pidió para hablar con el superintendente. Este lo recibió y le informó que los detalles del caso por ahora son secretos y están a cargo del ministro Alexandre de Moraes.

Salles dijo a la prensa que no tuvo acceso a los pedidos realizados contra él, por lo que desconoce los motivos de la investigación.

Según informaron medios brasileños, la operación judicial se inició en base a información de la Embajada de Estados Unidos en Brasil. En la decisión que autorizó el operativo, Moraes detalló extractos de la carta enviada por la embajada estadounidense a la Policía Federal, según la cual la investigación se inició en enero de 2020, de acuerdo a lo que informó CNN Brasil.

Lo que puso en alerta a las autoridades estadounidenses fue una incautación, realizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, de tres contenedores de madera exportados de Brasil en el puerto de Savannah, en el estado de Georgia. De Moraes explicó que, además de documentos, la embajada le “entregó a la Policía Federal muestras de las respectivas maderas incautadas por las autoridades estadounidenses”.

Según los testimonios, documentos y datos recolectados, se señala en teoría la existencia de un esquema para facilitar el contrabando de productos forestales, en el que tendrían participación Salles, otros funcionarios públicos y empresarios.

En su escrito De Moraes explicó que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) identificó “transacciones sospechosas” que involucran al despacho de abogados del que el ministro Salles es socio.

La Policía Federal también señaló, en la línea señalada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, que parte de las empresas involucradas y al menos dos agentes públicos investigados también tenían “numerosas comunicaciones” por parte de la COAF por operaciones sospechosas.