El diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal anunció este lunes que el partido socio de la coalición presentó una propuesta a nivel del Legislativo para crear una nueva comisión investigadora para indagar en los negocios de Gas Sayago y el fallido proyecto de la regasificadora. Esta obra, que nunca se concretó, fue impulsada años atrás en el gobierno del Frente Amplio (FA) y ya fue objeto de una investigadora en el Parlamento, que culminó con una denuncia penal de la entonces oposición, en 2018.

“El objetivo es conocer y esclarecer el accionar de las autoridades y funcionarios intervinientes en el proceso de planificación, contratación y construcción de la frustrada planta regasificadora en Puntas de Sayago”, dijo Cal en declaraciones a la prensa. Según el legislador, desde los inicios del emprendimiento en 2007 hasta su “liquidación” en 2019 “se malgastaron y perdieron entre 200 y 250 millones de dólares de dineros públicos”.

“Entendemos que estos hechos son inadmisibles y no deben ser pasados por alto”, subrayó el represente de CA. Pese a que se espera la finalización de una “nueva auditoría externa de gestión” encargada por UTE a la consultora PWC, Cal considera “pertinente el impulso de esta nueva comisión investigadora sobre Gas Sayago, a fin de conocer a los responsables de tan mala gestión”. De acuerdo con lo consignado por radio Uruguay, el diputado afirmó tener nuevos elementos sobre el proyecto y “muchos gastos que no se sabían”.

La firma Gas Sayago fue creada en 2011 —es propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), pero funciona en el derecho privado— para encargarse de la construcción de una planta regasificadora en el oeste de Montevideo, proyecto del gobierno del FA que tenía como socio clave a Argentina. Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, firma que luego quedó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht y terminó en la quiebra.

Así fue que en 2015 la firma OAS dejó trunca la obra de la regasificadora y el escenario regional había cambiado, ya que no estaba el aval de Argentina, lo que frenó el plan del gobierno. Luego de esto hubo varias demandas cruzadas entre las empresas extranjeras y Gas Sayago por incumplimientos de contratos y compromisos asumidos.

Ya con el tema como un hecho político, el Partido Nacional (PN), desde la oposición, lideró las críticas a lo actuado por el gobierno e impulsó a fines de 2016 una comisión investigadora que estuvo activa por dos años. En noviembre de 2018 se votó en la Cámara de Diputados y el FA hizo valer su mayoría, votándose que no hubo irregularidades en el proceso —el emprendimiento “falló por razones exógenas, porque la empresa OAS se retiró”, dijo Roberto Chiazzaro en representación del FA—.

De todas formas, el PN y los demás partidos que entonces integraban la oposición presentaron una denuncia penal en virtud de la información recabada. Uno de los puntos de mayor controversia fue el sueldo y el cargo en reserva como gerenta general de Gas Sayago de Marta Jara, ingeniera que lideró el proyecto y en 2015 pasó a desempeñarse al frente de Ancap.

En diciembre de 2019 el gobierno del FA decidió la liquidación de la firma Gas Sayago, asumiendo el fracaso del proyecto. Entre otros gastos que aún están en debate, en abril el diario El País informó que el retiro de 71 pilotes incrustados en el agua para realizar la regasificadora costará al menos tres millones de dólares.