El martes en Bogotá y en otras ciudades colombianas continuaron las protestas populares, en medio de un clima de inestabilidad política creciente en el país. Las movilizaciones en el marco de un paro nacional de actividades comenzaron la semana pasada en rechazo a una reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. El mandatario dio marcha atrás con el proyecto y como consecuencia de ello dio un paso al costado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Pero una de las notas predominantes de las protestas, en su enorme mayoría pacíficas, fue la violentísima respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, que causaron la muerte de al menos 19 personas y centenares de heridos. La mayoría de las muertes se registraron en la ciudad de Cali, aunque también se reportaron fallecimientos en Ibagué, Tolima, Pereira, Cundinamarca, Soacha y Risaralda; pero las denuncias de abusos policiales de todo tipo se multiplicaron en numerosos puntos del país.
Esta situación generó reacciones tanto dentro de Colombia como en el exterior, y en este sentido la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció ayer que los cuerpos de seguridad de Colombia ejercieron un “uso excesivo de la fuerza” durante las protestas. Además, la Unión Europea condenó la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y pidió que se lleve ante la Justicia a los responsables de la represión.