Sindicatos y agrupaciones estudiantiles llamaron a continuar con los paros y protestas que se mantienen desde el 28 de abril en Colombia. “No se desactiva la movilización”, anunciaron, pese a que el gobierno de Iván Duque retiró el proyecto de reforma fiscal que originó las primeras manifestaciones.

Los convocantes señalan que si bien quedó por el camino esa iniciativa, que agregaba impuestos a las tarifas públicas, entre otras medidas, es necesario seguir en las calles para frenar la reforma de la salud que impulsa el gobierno y para exigir el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Esmad, una unidad perteneciente a la Policía. Los manifestantes repudian la violencia con que la Esmad reprimió las protestas, que en su mayoría fueron pacíficas.

Testigos atribuyen a ese escuadrón la muerte de Nicolás Guerrero, de 22 años, como consecuencia de un disparo en la cabeza, entre los manifestantes que corrían a ayudarlo. También Santiago Murillo, de 19 años, murió tiroteado en la ciudad de Ibagué, supuestamente a manos de un policía. “Él estaba llegando a su casa, le faltaban sólo dos cuadras”, dijo la madre de Santiago a la prensa colombiana.

La Fiscalía anunció que investiga la muerte de siete personas en el marco de las protestas. Sin embargo, otras fuentes registran números más altos. La Defensoría del Pueblo reportó 19 muertes, la organización civil Temblores, 21, y el Comité Nacional de Paro que convoca a las manifestaciones, 27.

En nombre de ese comité, una dirigente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Martha Alonso, dijo en una conferencia de prensa que según sus datos hubo también otros “1.089 casos de violencia policial”, “726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios”, y “12 jóvenes han perdido sus ojos”. Según informó la agencia de noticias Efe, Alonso agregó que a “más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo”.

La Fiscalía comunicó que en los primeros cinco días de protestas 298 personas fueron detenidas y 83 de ellas fueron imputadas por delitos de violencia contra policías, daño a bienes y obstrucción de la vía pública, publicó el diario colombiano El Espectador.

El director de la Policía, Jorge Luis Vargas, dijo que están en proceso 26 investigaciones sobre homicidios y agresiones, y que se determinará si algún policía fue responsable. Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó las muertes pero las atribuyó a “la acción criminal de los vándalos”, informó Efe. El ministro agregó: “Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]”.

Protestas en marcha

“La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. Anunció que el paro continúa, y señaló que la decisión del gobierno de retirar la reforma llegó “luego de seis días de paro nacional” durante los cuales “autoridades civiles, militares y policías han cercenado las garantías democráticas para la protesta social”.

A su vez, Percy Oyola, presidente de la Confederación General de Trabajadores, dijo que el gobierno “ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos desde las grandes movilizaciones realizadas desde noviembre de 2019, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación. Por el contrario, siempre estigmatizó y actuó con violencia contra los manifestantes”. También Luisa Gómez, representante de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, pidió que se respete la protesta social y se ponga freno a los abusos policiales.

Los manifestantes mantienen una serie de exigencias que le presentaron al gobierno de Duque hace ya meses: que retire el proyecto de reforma de la salud, que fortalezca la vacunación contra la covid-19 (en momentos en que la ocupación de los CTI es de 94,6%) y que apruebe una renta básica equivalente a un salario mínimo. La lista incluye también un subsidio a las pequeñas y medianas empresas, y la defensa de la producción campesina y artesanal.

El Comité Nacional de Paro convocó movilizaciones para mañana, y Alfonso pidió que se lleve adelante una protesta “democrática, pacífica y civilizada”, que respete las normas sanitarias. Mientras tanto, las manifestaciones continuaban, y ayer la prensa colombiana informaba sobre nuevos disturbios.