El Poder Ejecutivo envió a los partidos de la coalición y al Frente Amplio (FA) el proyecto de la nueva ley de medios –que se prevé definitivo– para que se trate en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y luego ingrese al plenario para su votación. Al texto final se llegó luego de diversas conversaciones entre el gobierno y legisladores del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), que hicieron varios reparos al proyecto inicial enviado el año pasado.

Entre los principales cambios con respecto a la propuesta que inicialmente había elevado el Ejecutivo a discusión en el Parlamento está la eliminación de la disposición que establecía que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los cableoperadores privados y se modificó el número de licencias máximas de radio y televisión que se le pueden otorgar a una misma empresa. El proyecto inicial aumentaba de tres –como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que actualmente está vigente– a ocho las autorizaciones para prestar servicios de radio o televisión, y finalmente se estableció el límite en seis, cinco de radio y una de televisión.

Por otra parte, se incluyó dentro del artículo 13 como uno de los impedimentos para tener una licencia conformar “un mismo grupo económico” que “infrinja los límites a la concentración que impone la ley”. La definición de grupo económico queda para la reglamentación, que corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Sobre la extranjerización de las licencias, se prohíbe cualquier “vinculación jurídica societaria” con “entidades de capital extranjero”, aunque para los cableoperadores se plantea que este requisito pasa a ser que 51% del capital accionario sea del país, es decir que pueden tener socios del exterior.

Una vez que el Ejecutivo presentó el primer proyecto a los partidos de la coalición, tanto el PC como CA manifestaron sus reparos, y el tratamiento previsto originalmente para finales de 2020 se postergó. Actualmente, el Partido Nacional (PN) tiene intención de que en la próxima sesión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados se ponga el texto en consideración para aprobar todos sus artículos y luego llevarlo al plenario. No obstante, desde CA mantienen críticas y van a evaluar cómo procederán en una próxima reunión de coordinación a nivel legislativo.

Sí pero no

Según comentaron a la diaria fuentes políticas, en CA aún hay disconformidad con algunos de los artículos del presente proyecto, e incluso hay puntos en los que se está “lejos” de lo propuesto por el partido socio de la coalición de gobierno.

A su vez, interpretan que el Ejecutivo tiene “un gran apuro” e impone “una gran presión desde hace muchos meses por sacar esta ley”, mientras que otros proyectos propuestos por CA se tratan de “hacer dormir”, como el proyecto de ley que limita los territorios para la producción forestal, votado en noviembre por cabildantes y el FA. No obstante, para la fuerza política la nueva redacción es mejor que el proyecto anterior, pero “faltan cosas”, indicaron las fuentes.

Desde el PC, el diputado Martín Melazzi afirmó que hay conformidad con la redacción enviada por el Ejecutivo, y destacó como positivo el acuerdo en torno al artículo 48, que establece el derecho de los operadores de televisión por cable para abonados a prestar servicios de internet. El PC celebró que se haya excluido la obligatoriedad de que Antel deba alquilar su infraestructura a prestadores privados de internet. “Se llegó a un acuerdo y se sacó”, dijo Melazzi, quien consideró que esto “es lo más novedoso de la nueva redacción”.

El diputado colorado también celebró que finalmente se haya incluido en la redacción el artículo 40, que establece que los servicios de televisión por cable deberán incluir las señales de aire con las que compartan zona geográfica. Sobre este punto, el PC había propuesto un artículo sustitutivo que finalmente no logró consenso en la coalición de gobierno, lo que abrió la posibilidad de que se elimine la disposición, pero Melazzi indicó que es preferible el texto actual a que no haya nueva legislación en este sentido.

En cuanto a la cantidad de licencias a las que puede acceder una misma empresa para adquirir señales de radio y televisión, Melazzi dijo que en el PC quedaron “muy conformes” con el nuevo límite.

El coordinador de la bancada de diputados del PN, Rodrigo Goñi, opinó en diálogo con la diaria que en la coalición de gobierno “casi no hay diferencias” en la nueva redacción, o al menos “no hay ninguna diferencia sustancial”. Eso haría posible que el próximo miércoles comience el debate en la Comisión de Industria, que probablemente demore más de una semana, por lo extenso del proyecto. Goñi manifestó confianza en que en junio el proyecto sea aprobado en el plenario de la Cámara de Diputados.

Reducción de daños

Por su parte, el diputado del FA Javier Umpiérrez, integrante de la Comisión de Industria, destacó que se retiró la obligatoriedad de Antel de arrendar su infraestructura, que era “lo más controversial” del proyecto inicial.

Umpiérrez manifestó que en la nueva redacción hubo una “reducción de daños” con respecto al proyecto inicial del Ejecutivo, algo que buscaba el FA. “Este gobierno tenía una óptica sobre la ley de medios que de arranque no la compartíamos para nada, pero sabemos que las mayorías mandan y estaban dispuestos a avanzar con este proyecto, con el original, y nosotros lo que planteamos es una reducción de daños para mejorar eso que nos parecía que era muy grosero, o por lo menos no era lo mejor para una ley de medios justa”, expresó el diputado.

“Fue lo que pudimos hacer. Con esta redacción que nos proponen, creo que el objetivo de reducir daños por parte del FA se está logrando”, dijo, y añadió que legisladores del PC y de CA también “cuestionaban la redacción original” en puntos similares.

Sin embargo, aclaró que “para nada” esta nueva redacción provoca la conformidad del FA. “Veníamos de una muy buena ley, que era reconocida internacionalmente como justa y necesaria, que se aplicaba muy bien a nuestro país”, señaló respecto a la actual LSCA. Umpiérrez señaló que, si bien se consiguió un “mal menor” en comparación con la redacción inicial, siente “tristeza de que haya un gobierno empecinado en destruir una serie de cosas” que establece la ley aún vigente.

“El dueño del pueblo”

En diálogo con la diaria, el director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, indicó que el nuevo proyecto mantiene, con respecto al texto original del Poder Ejecutivo, la posibilidad de que operadores de televisión por cable para abonados puedan obtener una licencia para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet dentro de su área de servicio.

A su vez, los nuevos cambios no modifican “la esencia” de “los límites” en la concentración de medios de radio y televisión. “El proyecto de ley inicialmente ingresado al Parlamento hablaba de ocho y ahora estamos en seis. No cambia demasiado”, explicó, y señaló que en algunos departamentos “tener cinco radios y una televisora es tener casi todos los medios”.

“Que en un departamento de Uruguay una persona pueda ser dueña de cinco radios y una televisora es ser el dueño del pueblo, sin entrar a considerar qué opinión tiene. Quien sea capaz de tener seis medios de comunicación en un departamento del interior es el dueño de todo el departamento, y, por tanto, la única voz. Eso conspira contra la democracia. No es aceptable una democracia en que una sola persona sea dueña de todos los medios en un lugar, y eso puede pasar si se aprueba este proyecto de ley”, apuntó.