Interpelación a Arbeleche: mientras el FA pondrá el foco en la “ética pública”, el oficialismo defenderá el cumplimiento del procedimiento

Este miércoles se realizará la interpelación al equipo de gobierno de Luis Lacalle Pou, concretamente a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las exoneraciones otorgadas a una empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Los legisladores del oficialismo y la oposición estuvieron en preparativos este martes para la jornada del miércoles, que se estima que tendrá momentos álgidos.

Al mediodía, la bancada de la coalición de gobierno se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para afinar detalles de su comparecencia ante la Cámara de Diputados. A la salida, el coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a la diaria que la ministra dejó en claro en esa reunión que está “muy convencida de que no sólo se actuó conforme a la ley, sino que no se podía actuar de otra manera”. Según contó, en la reunión estudiaron los expedientes y llegaron a la misma conclusión que la ministra del MEF. “Lo hemos estado conversando con legisladores de otras bancadas y realmente no entendemos el porqué de esta interpelación, pero existe el mecanismo constitucional”, apuntó.

El lunes, en radio Sarandí, se publicó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de 2018, firmada por el entonces ministro Danilo Astori, en el que se le otorgaba exoneraciones fiscales a La Ópera, que en ese momento era propiedad de la esposa del exsubsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. El dirigente del Nuevo Espacio respondió en su cuenta de Twitter que no era equiparable ese caso a lo que sucedió con Alfie porque él no pidió “ningún beneficio ni tenía ninguna empresa”. “Si bien la empresa es propiedad de mi esposa y su familia, ella se desvinculó de la gestión en 2015 (la resolución es de 2018). Alfie puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial, son decisiones que dependen de él. En este caso eso no es así, es incomparable”, apuntó Ferreri. 

Sobre este punto, Goñi sostuvo que, a su juicio, no cree que sea bueno “entrar a ventilar otros casos” porque el objetivo de la interpelación es “cómo actuaron la ministra y el ministerio en torno a este expediente”. El diputado sostuvo, no obstante, que de aparecer otras situaciones durante el debate, sólo se usarán para demostrar que tanto la normativa como la confidencialidad siempre se han aplicado con una “misma interpretación”.

El 11 de febrero, el MEF exoneró por 401.000 pesos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas para una inversión en equipamiento para la instalación de una empresa dirigida por Alfie. Seguidamente de que trascendiera la noticia, el director de la OPP anunció que renunciaría a esos beneficios.

El miembro interpelante, el diputado frenteamplista Gonzalo Civila dijo a la diaria que eso último no es objeto de la interpelación, aunque “haya una decisión por algunos actores de gobierno de distorsionar el sentido de esta y desviar el tema”. “Se han mencionado cosas que no son comparables por argumentos que las propias personas involucradas han mencionado y algunas cuestiones que saltan a la vista. Además, son todas cosas que se pueden discutir. De hecho se pudo haber discutido cuando el oficialismo era oposición y realizaba interpelaciones con bastante frecuencia, pero ahora son cosas que pueden ser planteadas como parte de un debate político y se pueden buscar espacios para discutir esto, pero claramente no son el objeto de esta interpelación”.

Civila sostuvo que lo que motivó la interpelación es una exoneración fiscal concedida por la ministra de Economía al director de la OPP y eso, en su opinión, tiene un componente ético. “El motivo por el cual hacemos el planteo y pedimos la interpelación es por un hecho de carácter ético y tiene que ver con la forma del gobierno de entender lo que está bien o mal en la gestión pública”, apuntó.

No obstante, señaló que también hay un cuestionamiento legal sobre el procedimiento. “El tema tiene derivaciones legales, que vamos a desentrañar en la interpelación. En el ordenamiento jurídico de Uruguay, hay normas de promoción de inversiones y también hay leyes referidas a la ética pública, que especialmente tienen que ser tenidas en cuenta por los gobernantes a la hora de tomar cualquier decisión. Ahí es donde el aspecto ético y legal entran en relación”, apuntó. 

En tanto, Goñi señaló que el procedimiento está “reglado” y el caso de esta exoneración es “el típico caso de un procedimiento estandarizado, la conclusión cae por sí sola. La ministra es muy estricta en cumplir con lo que establece la ley”, apuntó. También hizo referencia a la negativa del MEF de brindar información sobre el expediente ante un pedido de acceso a la información pública por parte de senadores del FA. “Había una resolución que establece que esos procedimientos no se hacen públicos. Lo que hizo la ministra es cumplir con esa resolución”, señaló Goñi.

Civila, en cambio, cuestionó que se diga que el procedimiento es casi “automático” porque los proyectos, que tienen “nombre y apellido”, se analizan por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y no pueden aprobarse sin la firma de la ministra. “Las exoneraciones no se dan por pronunciamiento técnico, ahí es donde está la responsabilidad política que tiene la ministra”, concluyó.