En las últimas semanas creció en intensidad el enfrentamiento en el puerto de Montevideo, que tiene como actores privados a las firmas de servicios portuarios Katoen Natie y Montecon, con el gobierno como protagonista principal, ya que el reciente conflicto se debió al acuerdo con la primera de estas multinacionales para extender la concesión hasta 2081 de la única terminal especializada de contenedores. La decisión, que incluye la prioridad para el despacho de carga, es el resultado de una negociación iniciada por la amenaza de juicio internacional que realizó Katoen Natie, que entiende que hubo un régimen “ilegal” en los años previos.

Sin embargo, Montecon considera que esto consagra un monopolio en el puerto e inició acciones por la vía administrativa –presentó recursos de revocación contra los decretos que fijan las nuevas condiciones– y estudia una presentación en la Justicia internacional, en el marco de un cruce de declaraciones con el gobierno. Más allá de esto, avanza por los carriles legales una iniciativa que la firma presentó a las autoridades a fines de 2020, para la construcción de una terminal multipropósito en el puerto, donde Montecon pretende poder operar contenedores y también otras cargas.

En diálogo con la diaria desde Santiago de Chile, el director de Montecon, Fernando Reveco, dijo que los alcances del acuerdo con Katoen Natie “cambian el régimen de operación que viene hace tiempo [en el puerto de Montevideo], que se basa en la competencia y la diversidad de servicios”.

Relató que con su operación en los muelles públicos, Montecon compite desde hace años con Terminal Cuenca del Plata (TCP) –que tiene la concesión y pertenece a la firma belga Katoen Natie y en parte minoritaria (20%) al Estado uruguayo–, e incluso le quitó mercado, pese a “las ventajas” de su competidora por poder brindar servicios “con otras capacidades”.

En los últimos años la ecuación de mercado se revirtió y Montecon opera hoy 55% de los contenedores. “Vemos que los decretos [del gobierno, en virtud del acuerdo con Katoen], en el lenguaje del fútbol, vienen a emparejar la cancha artificialmente”, consagrando la prioridad de TCP para el despacho de contenedores, manifestó Reveco.

“Hay varios aspectos prácticos del acuerdo que va a ser difícil llevar a cabo, porque hay que volcar 55% del volumen sin causar congestión. Mucha gente [empresas] se verá obligada a tomar una opción no preferente y negociar con alguien obligado [en referencia a la preferencia de TCP]. Eso traerá una pérdida de carga para el mercado uruguayo”, pronosticó Reveco.

A raíz de que esta situación ya generó planteos de otros actores portuarios –se pronunciaron el sindicato, la Unión de Exportadores y el Centro de Navegación (gremial del sector portuario)– y repercusiones políticas, el director de Montecon dijo tener “confianza” en poder “llegar a una solución” que modifique las condiciones.

Sin embargo, otra es la visión que plantean desde Katoen Natie, tanto sobre los motivos legales de lo acordado como de la posibilidad de algún cambio. “Está firme” y “blindado jurídicamente” el acuerdo con el gobierno, y prueba de ello es que ya se cumplió el primer compromiso, que era “empezar de inmediato las obras”, dijo un vocero de la empresa.

Obra en marcha

La empresa concesionaria del puerto informó el 9 de mayo a través de un comunicado que habían comenzado “los primeros trabajos” de cara a la inversión comprometida de 455 millones de dólares. Se trata de los “preparativos previos a la obra madre; es un proyecto muy grande y que está en la etapa de anteproyecto”, a la espera de “todos los permisos” para realizar una licitación de precios e iniciar “la obra formal en los primeros meses del año que viene”, explicó un informante. Lo previsto es que los trabajos se extiendan por entre tres y cuatro años, e impliquen a entre 400 y 500 trabajadores.

El acuerdo con el gobierno prevé la construcción por parte de TCP de una segunda playa de contenedores de 22 hectáreas y un segundo muelle de 700 metros, además de otras obras de “modernización” de la infraestructura.

La vigencia de la otra parte del acuerdo, la preferencia de TCP para el despacho de contenedores, será a partir de agosto o de febrero del año próximo, ya que se previó un plazo de entre seis y 12 meses –a partir de febrero de 2020, cuando se firmó– para la internalización de las normas entre los actores portuarios.

Respecto de los motivos del acuerdo, el informante de Katoen Natie repasó la posición jurídica de la firma: “Por la vía de los hechos [el Estado uruguayo], institucionalizó una segunda terminal de contenedores sin proceso competitivo”, otorgando desde 2008 permisos temporales a Montecon para operar en los muelles públicos, sin licitar esas áreas entre los interesados. Esto consagró una “ilegalidad”, que rigió por más de una década, junto a “un subsidio” a Montecon en la tarifa, ya que, al estar en áreas públicas, no debía invertir en el mantenimiento de la infraestructura, sostuvo.

Por estos motivos la firma belga promovía una demanda internacional, y a cambio de dejarla sin efecto logró el acuerdo con el gobierno.

Como todo en este diferendo, es contrapuesta la visión planteada por Reveco. Repasó que Montecon invirtió 90 millones de dólares en infraestructura portuaria pese a no tener una terminal especializada, y señaló que la mejora del servicio fue lo que posibilitó quitarle mercado a TCP. “Invertimos todo lo que podíamos dentro del marco de reglas que nos dieron: tenemos un régimen de arriendo que es más precario que el caso de ellos, que tienen una concesión”, declaró.

En procura de la terminal propia

Desde 2002 está vigente un régimen de iniciativas privadas que prevé que los consorcios empresariales presenten un plan de obra al Estado, que debe evaluar el proyecto, y si lo considera favorable brindará una preferencia a la firma cuando llame a licitación. En ese proceso está Montecon: “Siempre hemos estado interesados en invertir en el puerto de Montevideo en una terminal, y en las conversaciones [con las autoridades] vimos la oportunidad de presentar el proyecto”.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo a fines de abril que el gobierno no quiere “que se vaya” del país Montecon y le ofreció “la posibilidad de una iniciativa privada para una terminal multipropósito”. También esta opción fue comentada a la diaria por una fuente del gobierno al tanto de estos asuntos, como una posible salida al diferendo desatado con la empresa tras lo acordado con Katoen.

Consultado sobre mayores detalles del proyecto, Reveco prefirió esperar la decisión del Ejecutivo y se limitó a decir que “la inversión mejora notablemente la capacidad de transferencia de carga del puerto de Montevideo”.

Si bien aclaró que Montecon estaría “encantado si queda de alguna forma entre paréntesis” el conflicto por las nuevas reglas vía decreto y “se retoma lo de la iniciativa privada”, remarcó que las condiciones que surgen del acuerdo con Katoen “no permitirían” el funcionamiento de la terminal multipropósito, porque “no se puede mover contenedores del puerto en ningún otro lugar [que no sea TCP]”. De todas formas, el director de Montecon apuesta por “llegar a una solución” con el gobierno a través del diálogo y la negociación.

El vocero de Katoen, ante la consulta sobre el proyecto de Montecon, afirmó: “No nos vamos a oponer a que se desarrollen nuevas terminales multipropósito, que puedan complementar la actividad de TCP, siguiendo la normativa [que regirá desde febrero]”. Esto hace prever que el choque entre los dos principales actores del puerto de Montevideo continuará.