El objetivo es “tener una visión neutra, de afuera, sobre el cumplimiento o no de la normativa vigente y si lo hecho” por los anteriores gobiernos “se ajusta a derecho” en cuanto a la autorización para el uso de los muelles públicos del puerto de Montevideo. Así explicó, en diálogo con la diaria, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Daniel Loureiro —de Cabildo Abierto (CA)—, lo que busca la auditoría externa que aprobó el directorio días atrás, luego de un planteo que él realizó.

Dijo que “la idea es evaluar la participación de la ANP en este conflicto, de ya tanto tiempo”, entre la empresa Katoen Natie, que tiene a través de Terminal Cuenca del Plata (TCP) la concesión de la terminal especializada de contenedores, y Montecon, empresa que opera en los muelles públicos. Según mencionó el jerarca de la ANP, el ministro Luis Alberto Heber —en su antiguo rol en Transporte y Obras Públicas— expresó en el Parlamento que el diferendo viene desde 2008, y Loureiro planteó empezar la auditoría en esa fecha.

En el directorio, la representante del Frente Amplio (FA) Alejandra Koch pidió indagar lo ocurrido desde 2001, cuando se efectuó la concesión de la terminal especializada para TCP. Finalmente, esto fue lo que se terminó votando, tal como consignó el diario El País. Ahora será decisión de la Auditoría Interna de la Nación si lleva a cabo la investigación con sus recursos o se busca un auditor externo.

El diferendo sobre el puerto, con Katoen, Montecon y las actuales y anteriores autoridades como protagonistas, elevó el tono a partir del anuncio que el gobierno hizo en marzo acerca de la extensión por 50 años más, hasta 2081, de la concesión a TCP. Esto se negoció a cambio de una inversión por 460 millones de dólares, el retiro de una posible demanda internacional que había planteado la firma de origen belga y el cambio en las reglas de preferencia para la atención de los barcos.

Esto último se plasmó en dos decretos que publicó el Poder Ejecutivo, que dan prioridad a la terminal especializada TCP para la atención de los buques, en detrimento de los muelles públicos, donde opera Montecon. Esto provocó cuestionamientos de esta compañía, del Frente Amplio (FA) y de otros actores portuarios, al tiempo que Katoen respondió que era Montecon la que durante años había operado bajo un régimen ilegal. La postura de la firma belga también fue compartida por el gobierno, entre otras oportunidades, cuando Heber acudió al Parlamento a informar sobre la negociación.

“En mi caso particular, estoy hace un año en el puerto, no participé en las negociaciones” que tuvieron el actual gobierno ni el anterior gobierno, explicó Loureiro, entonces la auditoría podrá dilucidar si la ANP procedió bien o no en el pasado. “No es a efectos de buscar responsable, sino de poder establecer lecciones aprendidas del pasado para no replicarlas en el futuro en la administración de los muelles públicos”, agregó.

Según Loureiro, si bien, sea cual sea el análisis que concluya la auditoría, no va a zanjarse el diferendo “porque estamos hablando de intereses económicos, [ya que] el conflicto [entre las empresas] es por eso, sí va a quedar claro cuál fue el rol de la ANP como regulador de los muelles públicos”.