Consejo consultivo integrado por el MEC y otras organizaciones hizo varias críticas a los proyectos de tenencia compartida

Una comisión interna del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente elaboró un informe acerca de los dos proyectos de ley de tenencia compartida que están a discusión del Parlamento, ambos presentados por legisladores del oficialismo, y manifestó diversas críticas.

Este consejo consultivo que preside el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue creado por ley en 2004 y constituido en 2007, y cuenta con representantes de organismos del sector público y organizaciones sociales. Entre sus objetivos está “promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia”, y “opinar, a requerimiento expreso, sobre las normas y programas que tengan relación con la niñez y adolescencia”.

Dentro del consejo consultivo funciona la Comisión de Análisis de las reformas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue la que elaboró el documento enviado a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. En ese ámbito legislativo se analizan tanto el proyecto de “corresponsabilidad en la crianza”, presentado por Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu, del Partido Nacional (PN), como el de “tenencia compartida responsable”, elaborado por Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto.

La subsecretaria del MEC, Ana Ribeiro, quien integra la presidencia del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente, envió una carta a la vicepresidenta Beatriz Argimón en la que le explicó quiénes participaron en la elaboración del análisis y quiénes se abstuvieron de opinar. Ribeiro aclaró que “en la aprobación general del trabajo realizado” por la comisión interna no se expidió ni el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, ni el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ni la Administración Nacional de Educación Pública. 

La subsecretaria del MEC cerró su carta “con el deseo” de que los insumos presentados por la comisión sean “un aporte para los legisladores que están trabajando en ambos proyectos”. Quienes participaron en la elaboración del trabajo fueron Griselda Volonterio y Sandra Sica Pérez, del Colegio de Abogados del Uruguay, Alicia Álvarez y Eduardo Cavalli, del Poder Judicial, Fabiana Condon y Juan Fumeiro, del Comité de Derechos del Niño Uruguay, Lucía Maschi, de la Asociación Nacional de ONG, y Verónica Pino, del MEC.

La comisión interna analizó “las modificaciones normativas formuladas en cada proyecto de ley” y las consideró “regresivas”, porque “debilitan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Entre las primeras consideraciones, expresó que “en ambos proyectos se propone contemplar los intereses de los adultos, sin poner en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En cuanto al proyecto de los legisladores del PN, entre otras críticas, la comisión interna del Consejo de los Derechos del Niño y el Adolescente dijo que “nuestro derecho positivo vigente ya cuenta con regulación en referencia a la tenencia cuando los padres están separados”, y da la posibilidad de establecer un acuerdo entre los progenitores o luego la potestad de decidir al juez. En el documento se indicó que “la vigente regulación en referencia a la tenencia” de niños, niñas y adolescentes en situaciones de padres separados “es adecuada y clara, no siendo necesaria la introducción de un nuevo texto normativo, como el del proyecto de ley, el cual reitera conceptos ya regulados y no ofrece mayores garantías” ni para los niños, niñas y adolescentes ni para los padres.

A su vez, el texto señaló que “el espíritu de este proyecto [de las senadoras blancas] está basado en una visión adultocéntrica que no contempla el interés superior y que prescinde de la opinión y voluntad de la niñez y la adolescencia”.

Por otro lado, sobre el proyecto de los legisladores cabildantes, la comisión interna del Consejo de los Derechos del Niño y el Adolescente reiteró que “la posibilidad de tenencia compartida entre ambos padres ya existe” en Uruguay. Además, consideró que el primer artículo del proyecto “no tiene en cuenta los principios consagrados en la legislación nacional e internacional” y “se centra en intereses adultos, no considerando el interés superior” del niño, niña o adolescente.

“Actualmente ya existe la posibilidad de llegar mediante acuerdo a una tenencia compartida de ambos padres, y si no fuera así el juez tiene la potestad de resolver, pero para lo que tendrá en cuenta diversos factores en pro del interés superior del niño/a y adolescente”, subrayó el mensaje enviado a la Comisión del Senado.

El Frente Amplio ya anunció que no dará sus votos para aprobar ninguno de los dos proyectos. Mientras tanto, el Partido Colorado mantiene diversos reparos; semanas atrás, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo a la diaria que se ve “con mucha preocupación” los dos proyectos. Días atrás, también la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, manifestó preocupación por ambos proyectos.