El jueves el Parlamento de Dinamarca aprobó un proyecto de ley que le permitirá al gobierno enviar hacia naciones que no pertenezcan a la Unión Europea (UE) a quienes soliciten asilo en la nación nórdica.

El Ejecutivo danés que encabeza la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen tiene una de las posturas más duras de Europa en materia de inmigración y su objetivo es aceptar refugiados únicamente bajo el sistema de cuotas de las Naciones Unidas.

Según informaron agencias internacionales, la ley fue aprobada en el Parlamento con una amplia mayoría de 70 votos contra 24, gracias al apoyo de la derecha y extrema derecha y con la oposición de algunos partidos de izquierda. “Si una persona solicita asilo en Dinamarca tendrá que saber que será enviado a un país fuera de Europa. Esperamos que de esta manera la gente deje de buscar asilo en nuestro país”, dijo luego de la aprobación de la norma el portavoz de inmigración del partido gubernamental, Rasmus Stoklund, a la cadena pública local DR.

Por su parte, el ministro de Integración y Extranjería danés, Mattias Tesfaye, cuyo padre fue un inmigrante etíope, afirmó que la reforma es legal y que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán “las obligaciones internacionales” de Copenhague. Tesfaye admitió que todavía no hay acuerdos cerrados con ningún país, pero agregó que las autoridades danesas están realizando tratativas con más de diez gobiernos. La prensa danesa mencionó en los últimos días a Egipto, Etiopía, Eritrea y Ruanda como posibles países receptores de los solicitantes de asilo.

El objetivo del gobierno de Frederiksen es llegar a no tener refugiados en el país. Esa política incluye la retirada del permiso de residencia para los ciudadanos sirios cuyas regiones de origen se encuentran actualmente en zonas seguras de la guerra que se está viviendo en dicho país. El Ejecutivo también pretende endurecer la denominada ley “antigueto”, que limita el número de habitantes “no occidentales” en los barrios de las ciudades danesas.

La ley aprobada por el Parlamento de Dinamarca fue criticada por la Comisión Europea, que cuestionó la compatibilidad de la norma con las obligaciones internacionales de Dinamarca.

“El procesamiento externo de las solicitudes de asilo plantea cuestiones fundamentales tanto sobre el acceso a los procedimientos de asilo como sobre el acceso efectivo a la protección”, expresó el polaco Adalbert Jahnz, portavoz de la comisión.

Durante mayo, cuando la ley ahora aprobada aún estaba siendo tratada en el Parlamento, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pidió a Dinamarca que no aprobara la normativa, ya que, según afirmó, podría arrastrar a otros países de la UE a hacer lo mismo.

“La Acnur sigue oponiéndose firmemente a las iniciativas de externalización que transfieren por la fuerza a los solicitantes de asilo a otros países”, dijo hace dos semanas la alta comisionada asistente de la Acnur, la australiana Gillian Triggs. “Estas prácticas socavan los derechos de quienes buscan seguridad y protección, los demonizan y castigan y pueden poner en riesgo sus vidas”, agregó Triggs.