La compra con sobreprecios de la vacuna india contra el coronavirus Covaxin parece ser una gran piedra en el zapato del presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya situación al respecto se complicó este miércoles, luego de que un diputado afirmara que había puesto al tanto al mandatario sobre las irregularidades en la transacción.

El diputado federal Luis Miranda, perteneciente al partido derechista Demócratas y aliado de Bolsonaro, asegura haber alertado al presidente sobre el tema en marzo. “El 20 de marzo fui a verlo personalmente con un funcionario del Ministerio de Salud que es mi hermano, y le llevamos toda la documentación”, dijo el congresista de acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo.

El diputado es hermano de Ricardo Fernandes Miranda, titular de la división de importación del Ministerio de Salud, quien informó a la Fiscalía que había sufrido presiones inusuales para concretar la compra de las vacunas indias.

Según explicó el diputado Miranda, en la reunión que tuvo con Bolsonaro este se comprometió a llamar a la Policía Federal para investigar el tema. “Entendió que el tema era grave, muy grave”, dijo Miranda sobre la reacción del mandatario.

El congresista manifestó que luego de ese encuentro no recibió respuesta del presidente ni tampoco se comunicaron con él de la Policía. “No fue sólo la presión que recibió mi hermano. Había claros signos de corrupción”, agregó Miranda, quien se negó a responder si Bolsonaro había fallado en el caso. “Le llevé [el asunto] porque confío en él. Espero que haya hecho algo”, dijo el diputado.

Tanto Miranda como su hermano fueron citados y declararán este viernes en la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia del gobierno liderado por Bolsonaro.

En una entrevista con Folha, el diputado Miranda dijo que había remitido los informes de su hermano a las autoridades, pero no quiso confirmar cuáles. “Si te respondo, el gobierno cae”, dijo.

El Ejecutivo de Bolsonaro firmó un contrato para la compra de la vacuna Covaxin el 25 de febrero, en un momento en el que intentaba aumentar los inmunizantes en el país. Las irregularidades más grandes son que el precio abonado por cada dosis de la vacuna fue 1.000% superior al que la empresa india había comunicado meses antes de concretarse la transacción. Además, y al contrario de lo que sucedió en la compra de las otras vacunas que adquirió Brasil, en este caso participó en la negociación una empresa que ofició de intermediaria, lo que levantó sospechas en la operación, que está en la órbita judicial.

Las declaraciones de Miranda dejaron mal parado a Bolsonaro. En ese sentido, este miércoles el vicepresidente de la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia, el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede, dijo a CNN Brasil que luego de las revelaciones hechas por el diputado Miranda sobre el caso de la compra de la vacuna con sobreprecio –el inmunizante indio fue el más caro de todos los que compró Brasil–, el mandatario está “definitivamente” en la mira de la comisión. “El presidente ya ha entrado definitivamente en la investigación. El foco ahora está en él. Era evidente que no se tomaron medidas y se firmó el contrato. El objetivo ahora es otro”, declaró.

Sobre las revelaciones de Miranda, el senador dijo: “Este testimonio indica que la cosa es mucho más grave. Nos imaginamos que era omisión y malversación. Pero vemos que hubo una acción deliberada para no cerrar contratos por vacunas más efectivas, a costa de las vidas de los brasileños, y para sacar provecho de ello optaron por una vacuna menos eficaz”.

Paralelamente, otro presunto caso de corrupción está complicando al gobierno de Bolsonaro y motivó la renuncia de uno de sus ministros. Este miércoles dejó su cargo al frente de la cartera de Medio Ambiente Ricardo Salles, quien está siendo investigado por la Justicia por haber facilitado la exportación de madera en forma ilegal hacia Estados Unidos, algo que el ministro niega.

Según informó el portal O Globo, Salles alegó motivos familiares para su dimisión, que ya fue publicada por el Diario Oficial. Pero esa no es la única causa judicial en la que está involucrado el ahora exministro, un abogado paulista de 46 años estrechamente ligado al sector de los agronegocios. Este mes, la ministra del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizó la apertura de un expediente para determinar si Salles obstaculizó las investigaciones de la Operación Handroanthus, que busca determinar si existió un plan de deforestación ilegal en la Amazonia.