Cuando el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ganó las elecciones en Bolivia, en octubre, algunos integrantes de la dictadura que se instaló luego del derrocamiento de Evo Morales se resistían a dejar el poder. Esa resistencia se tradujo en algún caso en planes militares, según una investigación de The Intercept basada en audios y correos electrónicos.

De acuerdo con ese medio, una persona identificada como el ministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, cargo que ocupaba Luis Fernando López, hizo gestiones para impedir que el actual presidente, Luis Arce, llegara a gobernar. Dijo que estaba “trabajando para evitar la aniquilación” de su país. También aparece involucrado en esos hechos el exministro del Interior Arturo Murillo.

El artículo afirma que “varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares bolivianas de elite, escuadrones de policía renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regresara al poder”. The Intercept confirmó con fuentes militares estadounidenses que había comandos de Operaciones Especiales al tanto de esa iniciativa.

Según ese medio, “los desacuerdos entre ministros y las divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, en medio de la tensión por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia”.

El comandante general de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, dijo a la Agencia Boliviana de Información que se analizaron y compararon los audios difundidos por The Intercept, y se pudo identificar a López al concluir que hay “99,9% de correspondencia en los caracteres, tanto en magnetismo de la voz como las ondas que se emitieron en estas llamadas”.

“Aún estamos en la búsqueda de establecer quiénes son las otras personas que interactúan”, agregó Aguilera, pero “más allá de lo que vaya a establecer el Ministerio Público” sobre estos hechos, “estamos en la certeza de que corresponde a la voz del exministro López”.

A su vez, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo en Twitter que “este caso debe ser llevado a un proceso penal para sancionar con todo el peso de la ley” a los responsables, y recordó que semanas antes de las elecciones de 2020 se multiplicó por 18 el gasto en armas en Bolivia, porque el gobierno de Áñez preveía una “convulsión” política y social.

Los resultados de 2019

Otro artículo de The Intercept publicado en mayo da cuenta de presiones ejercidas por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump sobre investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que publicaron un estudio que concluía que no había indicios de fraude electoral en las elecciones de 2019 en Bolivia. Los resultados de esa votación fueron cuestionados por la oposición y la Organización de los Estados Americanos, lo que desató las protestas contra el gobierno de Morales que condujeron al golpe.

Tres días antes de las elecciones del 18 de octubre de 2020, los investigadores a cargo de aquella investigación, Jack R Williams y John Curiel, del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT, fueron contactados supuestamente por el Departamento de Justicia. Según The Intercept, “la abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Primero les dijo que quería hacerles preguntas sobre el informe, y después les advirtió que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación penal en curso. Curiel le dijo que se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo, y ella le dijo que era Bolivia el país al que se refería”.

Apoyo a Áñez desde Ecuador

Por otra parte, el gobierno de Bolivia inició esta semana una investigación sobre un supuesto envío de “proyectiles y granadas” antidisturbios, gases lacrimógenos y “municiones de guerra” desde Ecuador al gobierno de facto que encabezaba Áñez, días después del derrocamiento de Morales. Según el ministro del Interior de Bolivia, Eduardo Castillo, el envío fue gestionado por la dictadura boliviana el 16 de noviembre de 2019 ante el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, y nunca se hizo público.

Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, reclamó que Moreno se “disculpe” con el pueblo boliviano, según citó la agencia de noticias Efe. Para el legislador oficialista, el actual gobierno de Ecuador, encabezado por Guillermo Lasso, “debería brindar las condiciones para que se avance en las investigaciones de este lamentable hecho”. Bolivia pidió formalmente a Ecuador esa colaboración. Por su parte, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, manifestó en Twitter que ni Áñez ni Moreno deben quedar impunes.

A su vez, el legislador correísta Fausto Jarrín, presentó una denuncia contra Moreno en Ecuador por “haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno” de Áñez. Durante el golpe de Estado de 2019 y la represión de protestas en los días siguientes, murieron en Bolivia 37 personas, y tanto Áñez como sus colaboradores son investigados por esos hechos.

La compra de material antidisturbios por parte de la dictadura generó otro escándalo a fines de mayo, cuando el actual ministro del Interior denunció irregularidades y sobreprecios de 2,3 millones de dólares. Las autoridades presumen que el gobierno de Áñez pagó 5,6 millones de dólares por gases lacrimógenos, pero que la empresa brasileña Cóndor sólo efectuó la compra por 3,3 millones y el resto se invirtió en la construcción de un complejo de edificios en el departamento de Santa Cruz y una inmobiliaria de Cochabamba.