La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió su tercer informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, y en el escrito expresó que los documentos hallados en el Batallón de Artillería 5 del Ejército Nacional en mayo de este año “no permiten abrir una línea de investigación específica”. No obstante, se consideró que, “como todo acervo de documentos militares, no debe descartarse como material de consulta para futuras líneas de investigación”.

La INDDHH explicó en su informe que la documentación hallada “no se trata de una colección completa a los años referidos ni se pudo identificar un orden cronológico ni consecutivo”. Además, se señaló que “existe mención a más de una veintena de personas que eventualmente resultaron detenidos desaparecidos”, pero “se trata en su mayoría de listas de personas requeridas para su captura, en informes en los que se detallan datos personales para lograr su ubicación o sus roles en la organización política a la que pertenecían”. “La mención de detenidos desaparecidos en la documentación estudiada no aporta, por sí misma, información conducente al esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición y/o el conocimiento de su paradero”, remató la INDDHH.

Asimismo, en el informe se consignó que “el hallazgo de documentación de la época sugiere la existencia de otros repositorios de documentación o archivos que podrían efectivamente contribuir al esclarecimiento de las desapariciones forzadas en nuestro país”. Esto lleva a la INDDHH “a recomendar el establecimiento de una política de Estado para la localización y revisión de los archivos militares”. Según el organismo, esta política debería regirse “por los principios de iniciativa, proactividad, sistematicidad y celeridad”.

Este tercer informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2020, cuando se publicó el segundo informe, y el 23 de junio de este año. La INDDHH expresó que este lapso se caracterizó por “la continuidad de los trabajos de excavación, con la excepción de cinco semanas en los meses de abril y mayo debido al agravamiento de la situación sanitaria general”. En este sentido, iniciaron y culminaron las excavaciones en diversas áreas de búsqueda.

Además, en el texto se expresó que hubo diversas “reuniones con autoridades nacionales y departamentales” como el presidente Luis Lacalle Pou, los ministros de Defensa Nacional, Javier García, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, la vicepresidenta Beatriz Argimón y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

En cuanto a la reunión con Bustillo, desde la INDDHH se aclaró que ocurrió el 18 de marzo y fue “para solicitarle que Uruguay peticione al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América la entrega de copias de los archivos desclasificados de los informes de distintas agencias de ese país, incluyendo las agencias de inteligencia, producidos entre el 13 de julio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”. En el texto se indicó que “el canciller accedió a la solicitud y dispuso que se iniciaran inmediatamente las gestiones necesarias”, y el 10 de junio “la INDDHH dirigió un oficio al ministro Bustillo para conocer el estado de situación de la solicitud en cuestión”.

“La INDDHH espera que el acceso a tales fondos documentales pueda contribuir, junto a otros elementos de información, a esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos o las circunstancias en la que los hechos en cuestión tuvieron lugar”, se añadió en el informe.

Por otro lado, la INDDHH aseguró que “continúa recibiendo amplia cooperación por parte del Ministerio de Defensa Nacional” y que “se mantienen contactos regulares con un enlace militar con el que se discuten y solucionan cuestiones operacionales y logísticas relativas a la búsqueda”.