Legisladoras del Frente Amplio (FA) denunciaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) el accionar del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por divulgar información sobre el “recorrido por los servicios de atención” a víctimas de violencia de género de Andrea Panini, la mujer de 43 años que fue reportada como desaparecida el 10 de junio y fue encontrada el viernes en Córdoba, Argentina.

Tras la aparición con vida de Panini, Inmujeres publicó en Twitter un comunicado que brindaba detalles del “nombre de la usuaria, las fechas donde fue atendida y las locaciones donde se le brindó asistencia”. El comunicado, según informó el instituto, fue difundido en respuesta a “comentarios públicos” que cuestionaron la actuación de Inmujeres. Las legisladoras entienden que, de esa forma, el instituto atenta contra el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, previsto en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Asimismo, señalan que el organismo viola el Protocolo de Actuación de la Red de Servicios de Atención a la Violencia Basada en Género y la Ley de Protección de Datos Personales.

En la denuncia, las legisladoras recuerdan que la Ley 19.580 define la “violencia institucional” como “toda acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas, que discrimine a las mujeres o tenga como fin menoscabar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mismas, así como la que obstaculice el acceso de las mujeres a las políticas y servicios destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones de violencia”. En esa línea, aseguran que Inmujeres ejerció violencia institucional contra Panini, ya que atentó contra sus derechos y “erosionó la legitimidad de la institución frente a otras posibles víctimas que vean su confidencialidad en riesgo”. Además, consideran que ejerció la “revictimización o victimización secundaria, que es lo que emerge de la relación con los servicios de atención, por ejemplo cuando la víctima tiene que someterse a situaciones que agravan su daño causado por la exposición”.

El documento fue firmado por 12 legisladoras: Ana Olivera, Camila Pérez, Cecilia Bottino, Dayana Pérez, Inés Cortés, Laura Caffaro, Lilián Galán, Margarita Libschitz, Margarita Casás, Micaela Melgar, Verónica Mato y Graciela Villar.

Las legisladoras solicitaron a la INDDHH que “tome cartas en el asunto” e inicie una investigación sobre lo ocurrido. A su vez, pidieron que “se haga una revisión de los protocolos de atención a las víctimas de violencia basada en género y el tratamiento de los datos, así como de los protocolos de comunicación y uso de redes sociales del instituto”.