La coalición de gobierno sigue sin poder alcanzar un acuerdo en torno al proyecto de ley de medios, que sustituirá a la vigente ley de servicios de comunicación audiovisual. Si bien fue uno de los principales objetivos parlamentarios de la coalición, en virtud del interés del gobierno por aprobar el texto, la discusión ya lleva meses y aún persisten las diferencias, principalmente con Cabildo Abierto (CA). Según supo la diaria tras dialogar con dirigentes del oficialismo, la principal discrepancia hoy es sobre las excepciones a extranjeros para obtener licencias de televisión para abonados.
Días atrás, CA planteó cuatro artículos sustitutivos al último proyecto de ley enviado este año por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Entre ellos aparece el artículo 14, que indica cómo establecer las excepciones para personas o empresas extranjeras que quieran ser propietarias de servicios de difusión de contenido audiovisual, lo que en principio está prohibido pero se abre la posibilidad de habilitar de forma particular.
El texto que está en la comisión señala que “el Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones a los requisitos establecidos [...] dando cuenta a la Asamblea General de dichas excepciones”, pero CA reclama que el gobierno no sólo debería dar cuenta al Parlamento para habilitar las transferencias de titularidades, sino requerir la autorización del Poder Legislativo en cada caso.
Fuentes de la coalición informaron que de momento no hay acuerdo en torno a este punto. La semana pasada hubo una reunión entre el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y legisladores del oficialismo, entre ellos Sebastián Cal, representante de CA en la comisión legislativa. Sobre la reunión, que se convocó para tratar de destrabar la situación y avanzar con el proyecto, se consultó a CA y al Ministerio de Industria, prefiriendo ambos no efectuar comentarios.
Por otro lado, CA tiene la intención de retirar del proyecto algunos artículos referidos a los servicios de internet, ya que pretende discutirlos en otro proyecto más específico, algo que tampoco tendría consenso dentro del oficialismo.
Una de las propuestas presentadas al resto de los partidos de la coalición es la de retirar el artículo 48, que establece que los titulares de servicios de televisión por cable “tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a internet dentro de su actual área de servicio”. Esto quedará habilitado por la vía de los hechos, ya que con la nueva ley caerá la prohibición hasta ahora vigente. Este artículo sufrió un cambio respecto del texto debatido en 2020, ya que se eliminó la disposición que establecía que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los cableoperadores privados.
Otro sustitutivo planteado por CA refiere al artículo que define la acumulación de licencias para señales de radio y televisión, es decir la cantidad de frecuencias que puede poseer una misma persona o empresa. El último texto que llegó a la comisión indica en el artículo 16 que “una persona física o jurídica privada no puede ser titular total o parcial de más de cinco licencias para prestar servicios” de radiodifusión, sin importar que sea AM o FM, y una licencia en televisión abierta. En cambio, CA propone que para las radios el tope sea de seis licencias en todo el país, y un límite máximo de cuatro para Montevideo.
“Ánimo fiscalizador” o “ley modelo”
Este lunes hubo un debate entre los diputados Daniel Caggiani, del Frente Amplio (FA), y Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional (PN), en el programa En perspectiva, de Radiomundo, sobre la ley de medios. El legislador blanco dijo que hay “varias” y “diversas” razones para aprobar una nueva normativa, y sostuvo que la ley vigente establece “una injerencia importante en los contenidos, así como en la gobernanza de los diferentes medios”. Además, consideró que “la no modificación” de la ley vigente “generaría inevitablemente consecuencias en la sustentabilidad de los medios, así como un excesivo ánimo fiscalizador”.
Caggiani, por su parte, dijo que la ley promulgada en 2014 “fue un avance sustancial en varios aspectos de la gobernanza del sector”, y además es “una ley modelo en la materia [a escala] internacional”. A su vez, el diputado frenteamplista expresó que la normativa vigente “pasó el análisis constitucional”, contrario a lo que “se decía que era una ley ampliamente inconstitucional: solamente dos artículos fueron declarados completamente inconstitucionales y algunos incisos de algún artículo”.
“Es una ley que no se mete en los contenidos de los medios de comunicación y sobre todo en las líneas editoriales; no fue una ley mordaza como se decía en su momento. Además, eso quedó ratificado porque Uruguay, luego de aprobada esta ley, siguió integrando los ránkings internacionales de transparencia y sobre todo de libertad de expresión”, apuntó. Por otro lado, Caggiani señaló que el proyecto en discusión “es obsoleto, desbalanceado, inconstitucional” y va “en contra de Antel”.
El diputado del PN reconoció que este es un proyecto más liberal que la ley vigente. Según dijo, el FA tiene “la necesidad de regular todo, hasta lo que no sea posible regular, también”. En contraposición, Caggiani sostuvo que el nuevo proyecto de ley de medios favorece “la consolidación de oligopolios privados de la comunicación” y avanza en “la conformación de oligopolios privados extranjeros” en la televisión para abonados.