El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aseguró, mediante una declaración, que el proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que está a estudio en el Parlamento, “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación”.

Según los consejeros de la Udelar, la iniciativa “habilita a una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”.

Asimismo, entienden, “afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente”. En ese sentido, la Udelar se puso en “total disposición” para realizar aportes para que el país tenga y “aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades del país, y ajustada a los estándares en materia de derechos humanos y calidad democrática”.

En el CDC de este martes el miembro informante fue el docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación Gabriel Kaplún, quien dijo que la ley actual “es buena”. En relación al proyecto de ley que estudia la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, opinó que “alarma mucho” porque habilita “una mayor concentración de medios” en comparación a la ley que rige actualmente. Para Kaplún, esta ley “se cumplió a medias, parcialmente, algo que nos preocupa. Este proyecto [el que está a estudios] lo que hace es ir mucho más atrás, va a un lugar distinto, habilita mayor concentración”.

Por su parte, el egresado Federico Barreto señaló en la sesión que la casa de estudios con esta declaración “aporta al debate público”. “Esta iniciativa de carácter multidisciplinario no sólo es bienvenida sino que es necesaria; hay un retroceso de los derechos de las audiencias, pluralismo de voces”, expresó.

La declaración fue aprobada por unanimidad. De la sala virtual se retiraron Margarita Reyes, por el orden de egresados, y la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli.

Mayor concentración

Según la declaración, a la que tuvo acceso la diaria, “la ausencia de mecanismos de aplicación de la ley que garanticen la participación ciudadana y la transparencia no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia en la materia”. “Dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado a avanzar en los últimos años”, agrega.

En relación a los derechos de los ciudadanos, para la Udelar el proyecto propuesto “deja de lado elementos de la vigente ley que suman derechos y garantías a diversos sectores de nuestra sociedad”. “Esto afecta sus posibilidades de inclusión social, su derecho a la no discriminación y el desarrollo de acciones afirmativas en este sentido, así como la protección de los derechos de la ciudadanía en su relación con los servicios de comunicación audiovisual. Estas restricciones no acompañan otras leyes nacionales que protegen a grupos poblacionales específicos, lo que puede generar conflictos de aplicación”, expresa.

En tanto, se señala que las disposiciones de la ley que se prevé aprobar en el corto plazo “posibilitan un aumento de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, afectando su pluralismo y diversidad, y por tanto los estándares de calidad democrática del país”. Como lo muestra la experiencia internacional y los estudios nacionales, “los sistemas de medios altamente concentrados ofrecen menores estímulos a la capacidad creativa que los productores audiovisuales uruguayos han demostrado en los últimos años y que tanto puede aportar al país en términos económicos y culturales”.

Asimismo, se considera que la ley “afectará la industria audiovisual, dado que la recaudación de estos fondos está destinada a la generación de contenidos televisivos”. “Se perjudica así el trabajo de productores independientes, empresas nacionales y de toda su cadena de valor asociada. Paralelamente, esta disminución en la producción nacional afectará la difusión de las artes, la ciencia, la historia y la cultura uruguaya”, indicaron.

Por último, se apunta que es “importante” remarcar “la ausencia, tanto en la normativa vigente como en el nuevo proyecto de ley, del necesario abordaje sobre los procesos de convergencia tecnológica que tienden a diluir cada vez más las barreras entre medios tradicionales y digitales”. “Pese a que en la exposición de motivos sobre el nuevo proyecto se hace un llamado a poner al día la normativa nacional con la dinámica de estas transformaciones, el articulado no presenta definición alguna sobre estas temáticas. La ausencia de políticas que atiendan estos aspectos puede configurar un déficit en materia regulatoria”, concluyeron.