El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó en rueda de prensa este jueves que se apresta a firmar un decreto para aumentar en 250 pesos la jubilación mínima –actualmente de 14.853 pesos–, como “forma de adelanto” del aumento anual de enero. Esta decisión fue informada por Búsqueda e implica que el incremento se hará “a cuenta” del ajuste de enero, cuando simultáneamente se ajustan los salarios públicos. “En principio, la idea es que se descuente del aumento de enero”, dijo al semanario el jerarca.

En declaraciones a la prensa, Mieres reconoció que “es una cifra baja”, pero aseguró que se trata de “una señal que se manda” a la que “hay que agregarle el valor de la canasta”, en referencia a la canasta de invierno por un valor de 2.565 pesos que percibieron este mes cerca de 135.000 jubilados y pensionistas que perciben la jubilación mínima.

Para el representante de los pasivos en el Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, la decisión del gobierno “es por todos lados mezquina e inapropiada para el momento que vive el país”, teniendo en cuenta la crisis socioeconómica derivada de la pandemia. En diálogo con la diaria, afirmó que “es la primera vez que ocurre” que se otorga un aumento en julio y se descuenta del ajuste de enero, y recordó que los jubilados y pensionistas “vienen perdiendo poder adquisitivo durante todo el año”. En los gobiernos del Frente Amplio (FA), la política consistió en dar aumentos de la jubilación mínima en julio independientes del ajuste de enero.

Amaro advirtió que con esta medida “los más vulnerables son los que tendrán el aumento más bajo, porque los que ganan la mínima van a acumular entre junio y diciembre 1.500 pesos, [a los que] se les va a descontar el aumento [de julio]”.

“No vale la pena argumentar por qué hay que aumentar las jubilaciones mínimas. Si no, hago una pregunta: ¿quién puede vivir con 15.000 pesos por mes? Los argumentos caen por su propio peso si vemos la inflación, si miramos para los costados y reconocemos que estamos ante una crisis, que no es sólo sanitaria, que es económica, que es financiera, a todos los niveles, pero que afecta la economía de los hogares de todos los uruguayos, en particular de nosotros, los adultos mayores”, alegó Amaro.

Por otra parte, hizo énfasis en la situación que atravesó esta población específica durante la emergencia sanitaria: “Hay gente que gana la mínima que hace un año que no sale de su casa, que no puede andar buscando precios, porque tiene que comprar en el lugar que tiene más cercano y volver a recluirse”, señaló.

En tanto, respecto de la apelación de Mieres a la canasta de invierno, Amaro opinó que es “traída de los pelos”. “Me parece que pretende ocultar una realidad con muy pocos argumentos. Esta canasta de invierno, que la viene reclamando hace muchísimos años la Onajpu [Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay] y nosotros en el directorio del BPS, se entrega en función de una situación particular que está viviendo el país, por una única vez, y no va a incidir en nada en lo que hace a las prestaciones que percibimos los jubilados y pensionistas”, aseveró.

Amaro reconoció que la entrega de la canasta de invierno fue “un hecho positivo”, pero opinó que la dificultad para vivir con 15.000 pesos “no se termina con 2.565 pesos, que nos dan un aire fresco. ¿Cómo continúa la vida de esos jubilados y pensionistas? Este aumento de 250 pesos por mes es absolutamente insuficiente y todavía lo van a descontar cuando todos los jubilados percibamos el aumento en función del índice de salarios en enero”, reflexionó.

Por otra parte, indicó que los aumentos de julio comenzaron en gobiernos del FA a propuesta de la Onajpu, y resaltó que si no fuera por esos ajustes adicionales la jubilación mínima todavía estaría en torno a los 8.000 pesos por mes. “El acuerdo tácito era continuar todos los meses de julio con aumentos que impactaran en la jubilación mínima. Iban variando, el más importante en cuanto a dinero fue luego de ganar el juicio contra Philip Morris, y estuvo por encima de 500 pesos”, agregó.

El exministro de Trabajo y expresidente del BPS durante los gobiernos del FA Ernesto Murro comentó a la diaria su opinión sobre el anuncio del gobierno: “Espero que sea una equivocación. Hablamos de gente que gana 14.000 pesos”, manifestó. Además, criticó que el ajuste constitucional de las pasividades a inicio de 2021, que surge del índice medio de salarios nominales –que perdió poder de compra contra la inflación, ya que tuvo una suba de 7,58%, contra el aumento de 9,41% del índice de precios al consumo (IPC)–, “significó 75 millones de dólares de ahorro, porque no se hizo por IPC”.

Sostuvo que “con la pandemia de por medio” y viendo que “era la gente más afectada, jubilados, pensionistas, personas con discapacidad, se les quitó 500 pesos de ingresos, que además no fueron a parar al almacenero y al consumo”. Murro aclaró que lo que hizo el gobierno “es constitucional”, pero en virtud de la coyuntura podría haberse tomado otra decisión.

Acuerdo en el oficialismo para aumentar edad de retiro

Los representantes del oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social llegaron a un acuerdo para aumentar a 65 años la edad de retiro, aunque todavía no acordaron cómo será la transición para llegar a ese número, partiendo de los 60 actuales, según informó este jueves Búsqueda.

“Nos enteramos por la prensa. La primera pregunta que yo me hago es: ¿y el diálogo? ¿Y los demás miembros, los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados pensionistas, los partidos políticos que no son del gobierno qué opinión tienen? ¿Cómo en medio de un diálogo, que además hace un mes que no se tiene, se hace este anuncio por la prensa?”, se preguntó Amaro, y consideró que este tipo de definiciones hacen “mucho daño” al diálogo “serio y responsable” que debería llevarse adelante para discutir una reforma sobre la seguridad social.

Por otro lado, indicó que el promedio actual de la edad de jubilación en el BPS es de 63,7, “o sea que no está tan lejos de la edad que está propuesta o definida por el Poder Ejecutivo”, acotó. En ese sentido, señaló que si solamente se aumenta la edad de retiro y se mantiene la tasa de reemplazo –que es de 45% para quien se jubila con 60 años de edad y 30 de trabajo– implicaría “un recorte al monto que van a cobrar los jubilados”. “Lo que tiene que cambiar es la tasa de reemplazo: si se jubila con 61, aumentar a 46%, si se jubila con 65, aumentamos a 50%”, ejemplificó.

Amaro también apuntó que se debería tener en cuenta que “hay sistemas de privilegio”, como la caja militar, por la cual sus funcionarios se pueden jubilar con menos de 48 años de edad, mientras que “hay trabajadores que pertenecen al BPS que se jubilan con 40 años de trabajo”. “Mientras que los que se jubilan en el BPS tienen una tasa de reemplazo de 57%, los que se jubilan en la caja militar tienen un promedio de tasa de reemplazo de 130%”, agregó.