En un informe presentado el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó que encontró “graves violaciones a los derechos humanos” en Colombia durante las protestas antigubernamentales, y anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento, que fue rechazado por el gobierno.
“Resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial” y “las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias”, indicó el documento de observaciones y recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano, consignado por la agencia Associated Press.
Según la Fiscalía, 27 personas fallecieron en las manifestaciones y 11 más están en proceso de verificación. Pero de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la cifra de víctimas mortales en las protestas es muy superior.
A su vez se han abierto 220 investigaciones a miembros de la Policía por presuntas faltas, entre ellas 16 casos por homicidio y 105 por abuso de autoridad, informó hace pocos días el Ministerio de Defensa.
La CIDH manifestó su preocupación por las “inconsistencias en las cifras registradas” por las distintas entidades del Estado, especialmente en el número de muertes y desapariciones, por lo cual recomendó a Colombia sistematizar dichos datos de forma “clara y transparente”.
Además, de acuerdo a los testimonios recabados por la misión de trabajo que visitó varias ciudades colombianas entre el 8 y el 10 de junio, la entidad constató que en “reiteradas ocasiones” y en varios lugares del país la respuesta del Estado se “caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Al respecto, el Estado colombiano indicó en un comunicado que estos eventos “han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en que resultó necesario la intervención” de la Policía.
Al respecto, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, aclaró que no hay información que indique que hubo órdenes o instrucciones de alta jerarquía para el uso desproporcionado de la fuerza.
Por su parte, el gobierno colombiano rechazó algunas recomendaciones realizadas por la CIDH, entre ellas la de “separar a la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios del Ministerio de Defensa” para que se evite “toda posibilidad de perspectivas militares”. Desde el gobierno se explicó que la Policía es un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil” por lo que a su juicio no hay un enfoque militar. Además, resaltó que prepara una reforma de la Policía en la que se reforzará el enfoque de garantías a los derechos humanos.
“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad... Los actos de terrorismo urbano de baja intensidad y los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgue”, dijo el presidente Iván Duque el miércoles en una conferencia de prensa.
La CIDH también recomendó al Estado colombiano garantizar el “pleno goce del derecho a la protesta”, promover el diálogo “genuino” desde el más alto nivel del Estado con los manifestantes, reparar a las víctimas e investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.
En cuanto a los bloqueos de calles y carreteras, que se contaron por miles durante las manifestaciones, la CIDH recomendó al gobierno “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró a AP que si bien la mayor parte de los movilizados protestaron de manera espontánea y pacífica, “también hay gente que se ha infiltrado en estas protestas con una mala intención”, y agregó que la Policía incautó “más de 70.000 armas” durante las manifestaciones.