La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó ayer a diez militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados “falsos positivos”: asesinatos y desapariciones forzosas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la JEP, los imputados habrían tenido una participación determinante “en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión” en El Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, situado en la frontera con Venezuela.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de “aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”, precisó la JEP, de acuerdo a lo que informó el portal RT.

Por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por “crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes, de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales, mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, que fueron engañados y trasladado al Catatumbo.

Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, “tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi”, y explica que las víctimas “fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno”, y además “fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales”.

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil.

De acuerdo a lo que informó el diario colombiano El Espectador, se espera que durante los próximos meses se tomen alrededor de cinco decisiones similares. Hasta el momento, se han presentado 388 versiones, por lo que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas debe avanzar en el esclarecimiento y el juzgamiento de los crímenes cometidos por agentes estatales que habrían asesinado a más de 6.400 colombianos que no pertenecían a ninguna organización armada.