La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) emitió este lunes un comunicado en el que se manifiesta en desacuerdo con la propuesta, incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, que destina recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC) “a un fideicomiso destinado a generar políticas hacia sectores vulnerables en asentamientos irregulares”. La CNFR propone que haya una política de Estado que “ratifique y reconozca” el papel del INC y “de políticas claras y sostenidas de acceso, uso y tenencia de la tierra, como base sustancial de las políticas públicas diferenciadas para apoyar la Producción Familiar y el desarrollo sustentable”.

“Para la producción agropecuaria en general, y para la producción familiar en particular, responsable del 30% del VBA [valor bruto agregado] y de gran incidencia en el desarrollo local, el acceso y la tenencia de la tierra, su función social y de mercado es un tema particularmente sensible, en un contexto en el cual hemos sido testigos de un marcado aumento de la concentración y extranjerización de la tierra y desaparición de unidades productivas”, expresa el comunicado.

Agrega que para el fortalecimiento del INC “es imprescindible lograr una planificación y proyección del instituto a mediano y largo plazo, para lo cual contar con determinadas certezas en su financiamiento es fundamental, tal como el mecanismo de aporte al financiamiento que se afectará si se aprueba el cambio anunciado”.

Para la CNFR no debe haber “una dicotomía” entre apoyar a los sectores urbanos más vulnerables y fortalecer el INC, porque ambas son cosas “necesarias y complementarias”. “De haber contado con políticas públicas a favor de la producción familiar y una herramienta como el INC fuerte en los últimos 50 años, seguramente el problema de los asentamientos hoy sería mucho menor”, considera.

Además, expresa su apoyo a que “se generen políticas destinadas a los sectores más vulnerables”, pero considera que “existen otras fuentes posibles y mayores, que incluso desde algunos sectores vinculados a la vivienda se vienen ya planteando, como por ejemplo: destinar el 0,1% del impuesto al patrimonio; revisar si efectivamente las renuncias fiscales realizadas por el Estado para viviendas con fin social, que ya llevan 1.400 millones de dólares acumulados en diez años, han logrado el impacto esperado; revisar si no se detectan otras posibles fuentes de financiamiento dentro de los 3.300 millones de dólares de exoneración al capital u otras fuentes que no afecten a otros sectores con necesidades”.

Finalmente, reivindica la vigencia y necesidad de “seguir fortaleciendo” al INC, manteniendo “la fuente de financiamiento, la mayor dotación de recursos y mejora en la gestión, con capacidad de planificación en clave de política de Estado y como herramienta fundamental para la promoción de la Producción Familiar y un desarrollo rural sustentable”.