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Fin de semana Economía Social
Fracción 2 de la Colonia Emiliano Zapata, de Instituto Nacional de Colonización, adjudicada al Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), en Yaguaría, departamento de Tacuarembó (archivo, diciembre de 2016). · Foto: Sandro Pereyra

Fracción 2 de la Colonia Emiliano Zapata, de Instituto Nacional de Colonización, adjudicada al Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), en Yaguaría, departamento de Tacuarembó (archivo, diciembre de 2016).

Foto: Sandro Pereyra

La Unatra se opone a que se usen fondos de Colonización para solucionar el problema de los asentamientos

Los trabajadores rurales señalan que se trata de “migajas” que enfrentan a “pobres de la ciudad” con “pobres del campo”

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La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) emitió un comunicado en el que pone de manifiesto su desacuerdo con que el Poder Ejecutivo utilice fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC) para solucionar el problema de los asentamientos.

“Venimos advirtiendo una serie de recortes presupuestales inéditos: el 90% al Fondo para Compra de Tierras del Instituto Nacional de Colonización [...] así como 13 millones menos respecto del presupuesto anterior para funcionamiento del organismo, orientadas todas claramente a desmantelar una herramienta de desarrollo que trata de generar justicia social entre las familias pobladoras del campo”, dice la primera parte de comunicado.

Además, señala que el artículo 358 de la ley de urgente consideración cambió las condiciones para acceder a las tierras del INC y ahora las personas ajenas al campo pueden obtener tierras a través de esta institución.

“Cada año, 1300 familias asalariadas rurales, productores familiares y su organización se postulan a un pedazo de tierra para vivir, trabajar, producir alimentos, defendiendo su identidad cultural promoviendo el respeto a la soberanía de nuestros territorios y preservando el medio ambiente: pero sólo 120 de esas familias aspirantes acceden a la tierra”, dice el texto.

Los integrantes de la Unatra señalan que el problema de los asentamientos debe resolverse y aseguran que muchas de las personas que viven en ellos son exiliados del campo, “expulsados de su territorio, que van a engrosar sin más remedio los cinturones de las ciudades”.

“Se pretende convertir una política social justa en una guerra por migajas entre pobres de la ciudad que no tienen techo contra pobres del campo que no tienen tierra para trabajar, enfrentando vecinos contra paisanos de a pie, pero resguardando a las grandes fortunas del país, a los malla oro, sin afectar al capital para solucionar los problemas de nuestro pueblo. Queda claro que, para el Poder Ejecutivo, los más infelices del campo no serán los más privilegiados”, concluyen.