El gabinete de Pedro Sánchez aprobó este martes un proyecto de Ley de Memoria Democrática que busca avanzar en la condena de la dictadura de Francisco Franco y en la protección de las víctimas.

“Es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado de 1936 y la dictadura posterior, que han supuesto el período más negro de nuestra historia contemporánea”, dijo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, después de que el texto fuera aprobado en el Consejo de Ministros. “Es una ley necesaria que nos hace mejores como país”, agregó el funcionario.

Esta iniciativa busca avanzar más allá de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 e impulsada durante otro gobierno liderado por un presidente del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella norma permitió, entre otras cosas, retirar los símbolos del franquismo de los espacios públicos. Sin embargo, “necesitaba ser actualizada”, dijo Bolaños, y explicó que el proyecto aprobado busca cumplir objetivos como el de “colocar a las víctimas en el centro de la acción política”.

La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Parlamento, “condena y repudia el golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista posterior”, que se extendió hasta 1975, año en el que el dictador Franco murió. Entre otros puntos, la normativa establece el delito de apología del franquismo, que se cometerá cuando se lo enaltezca “con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas”, y será penado con multas de hasta 150.000 euros. Uno de los actos penados en la nueva norma es la destrucción de “lugares de memoria”. El proyecto dispone, además, que los gobiernos, tanto el español como los regionales o locales, deberán impedir ese tipo de actos.

A su vez, el proyecto establece que es el Estado el que debe asumir la exhumación de fosas comunes, que hasta ahora se impulsó por iniciativa de organizaciones sociales y académicas, con subvenciones estatales que quedaban a discreción del gobierno de turno. En caso de que la ley sea aprobada, se creará además una fiscalía específica en el Tribunal Supremo para la búsqueda de desaparecidos, así como un banco de ADN para identificarlos. Otro punto destacado de la norma es la prohibición de fundaciones franquistas, como la que lleva el nombre del dictador o la Fundación del Valle de los Caídos, que siguieron funcionando y reivindicando la figura de Franco. El proyecto de ley dispone cambios que resignifiquen ese monumento, construido con el trabajo forzado de presos políticos y que funcionó como un memorial para el propio Franco, que fue enterrado allí y exhumado el año pasado. Pero también están enterradas en el lugar algunas víctimas de la dictadura obligadas a construirlo.

“Vamos a resignificar Valle de los Caídos”, de tal modo que “ningún cuerpo de ningún protagonista del franquismo podrá estar en un lugar preponderante en el mausoleo”, dijo el ministro Bolaños. Un caso paradigmático es el del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que se encuentra en el altar mayor de la basílica, recordó el diario Público.

Otras medidas simbólicas consisten en declarar nulos juicios represivos de la dictadura contra sus opositores, así como suprimir aquellos títulos nobiliarios, medallas o reconocimientos entregados por el franquismo que tengan “connotaciones” de reivindicación del régimen, informó eldiario.es.

También se trabajará para incorporar en la enseñanza la memoria de la represión franquista y el reconocimiento del papel que jugaron las mujeres en la lucha por la democracia, que había quedado en segundo plano.

En desacuerdo

Algunas críticas a la ley surgieron de partidos de izquierda que reclaman más avances en este sentido. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Catalunya cuestionó que el proyecto no establece la devolución del patrimonio robado a víctimas de la dictadura, señaló la agencia Efe. También se cuestionó que, aunque se investiguen los crímenes y ahora se cree una nueva fiscalía especializada, siga vigente una Ley de Amnistía, que de hecho impidió que los responsables sean juzgados.

Otras críticas, obviamente, partieron desde la derecha. “No queremos que los españoles tengan que juzgar a sus abuelos”, manifestó el partido ultraderechista Vox, que acusó al gobierno de “ir amedrentando a quienes tienen una versión distinta de la historia”. Tanto Vox como el Partido Popular anunciaron que presentarán recursos contra esta ley ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el texto de la norma fue aprobado a partir de recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y se acompasa a las normas que existen en otros países europeos. La aprobación de la norma hará posible que España “tenga un régimen asimilable al del resto de países de nuestro entorno que han sufrido dictaduras”, dijo Bolaños.