En la presentación de los resultados de la petrolera estatal Ancap, en comparecencias del ministro de Industria, Omar Paganini, o en entrevistas a jerarcas de gobierno –la más reciente, el sábado al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie–, hay un tema que en las últimas semanas las autoridades han puesto sobre la mesa: el subsidio al supergás y los planes de modificarlo. Sin demasiados detalles aún sobre la futura reforma, la idea general del gobierno persigue una lógica similar al nuevo esquema de precios de los combustibles, esto es que los costos de producción de Ancap sean los valores al público, y que si hay algún tipo de subsidio este quede explicitado.

La nueva referencia que determinó la ley de urgente consideración (LUC) para los combustibles es el precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) –que tuvo críticas y, por ejemplo, Ancap reclamó por vía administrativa– sobre cuánto costaría abastecer al mercado en las mismas condiciones que la petrolera estatal. Esto busca fijar un nivel de eficiencia a la empresa, ya que según el gobierno tiene “sobrecostos” que se cargan en las tarifas de las naftas y el gasoil, y entre ellos se ubicó el subsidio del supergás. 

La fórmula es que el PPI evoluciona en línea con los costos de Ancap, que tiene como factor principal el barril internacional de petróleo, y desde el mes pasado esa variación es trasladada a las tarifas al público de las gasolinas –hubo un aumento de 12% en promedio en junio (incluido el supergás) y en julio de 0,5% en naftas y 0,9% en gasoil–. El supergás que se consume en Uruguay es un derivado del petróleo, es decir que surge del proceso productivo de la refinería, y al comprar un barril Ancap saca este producto así como nafta y gasoil. Esto quiere decir que también dentro de la ecuación de PPI entra el supergás.

“Cuando producís es difícil saber si estás subsidiando o no, es una cuestión muy técnica. Vos comprás el barril de petróleo, usás la refinería para producir, desde lo económico estrictamente no podés imputar cuánto usaste la refinería para cada cosa. Será un coeficiente técnico, pero Ancap, para que su producción sea eficiente, debe producir todo”, explicó a la diaria el economista Leandro Zipitría, profesor de la Universidad de la República especializado en mercados y competencia. Ese coeficiente en la fórmula del gobierno lo representa el PPI.

El supergás es un precio tarifado de la economía, determinado al igual que las gasolinas por el gobierno de turno, a través de Ancap. Según el PPI que la Ursea publicó este lunes, a la salida de la planta de refinación –previo a la cadena de distribución, que tiene sus ganancias, y los impuestos– el valor teórico es 54,4 pesos por kilo, y la empresa informó en una presentación semanas atrás que recibe 13,66 pesos por kilo en la actual ecuación de costos.

Esto da una diferencia de 40,7 pesos y suma 529 pesos al tomar una garrafa de 13 kilos –de consumo habitual en hogares para calefacción y alimentación–, el valor que según la fórmula del gobierno se subsidia del producto. Visto desde el lado de Ancap, y así lo señaló su presidente, Alejandro Stipanicic, al presentar el balance trimestral en mayo, la compañía tuvo “una pérdida acumulada por las ventas de supergás de 15,4 millones de dólares”. En el año en ese momento se proyectaba un “subsidio indirecto” de casi 100 millones de dólares, aunque el mes siguiente subió el precio del supergás modificando la ecuación. 

Sobre esa diferencia de 40 pesos por kilo o 529 pesos por garrafa, que el gobierno imputa como un sobrecosto de Ancap, Zipitría señaló: “Si Ancap es ineficiente cuando produce más caro que lo que cuesta importar, lo contrario es que es eficiente si vende más barato; eso suena raro. Es una producción multiproducto en que no podés desarmar la ecuación de costos”. Por todo esto, entiende que “no debería hablarse de un subsidio cruzado”, porque surge de “un parámetro de costos arbitrario”. 

De todas formas, hay lógicas económicas para determinar el costo de un producto, en este caso el supergás: “En economía tenés el precio Ramsey [o precio de costo marginal], que dice: ‘no importan los costos, debes mirar la elasticidad de la demanda’”. La elasticidad refiere al grado de respuesta de quienes usan un bien o servicio ante un cambio de precios; imaginemos que sube el supergás; difícilmente quienes lo consumen para calefacción o alimentos lo reemplacen, por ende es “más inelástico” y “más caro”, según la lógica económica; un precio elástico puede ser la papa, porque si sube mucho, los consumidores la reemplazarán por otro alimento. Según Zipitría, esta ecuación hace ver que “hay un lío” en cuanto al precio del supergás, y salir de él no es tarea sencilla. 

El esquema de subsidios en el supergás “viene desde tiempos inmemoriales”, y deriva del uso de las empresas estatales para hacer políticas públicas. “El tiempo pasó, Uruguay debería poder cambiar eso, obvio que será caro [en referencia a los efectos]. Porque Ancap al final del día hace un montón de políticas públicas donde ya no sabés qué tan eficiente o ineficiente es, no podés medirlo porque tenés una vara distorsionada”, en buena medida por “los desajustes que provocás cuando intervenís en el mercado”.

Mirando el asunto desde la economía política, dijo que son reformas que suelen hacerse “cuando la economía crece”, y si bien aclaró que Uruguay tiene sus rasgos diferenciales en diversos planos, recordó que recientes crisis sociales en América Latina se desataron por cambios en las tarifas y precios de servicios públicos.

Consumo “menos concentrado” en hogares ricos

La complejidad del tema tiene como aspecto principal las características del consumo de supergás. Lo utilizan más de 75% de los hogares y el uso “está menos concentrado en hogares de mayores ingresos que el de otros combustibles”, como la nafta, indicó a la diaria la economista Tamara Schandy, de Exante. Según datos oficiales procesados por la consultora, 17% del consumo total de supergás se da en el quintil 1 –20% de hogares más pobres– contra 5% en el caso de la nafta.

Igualmente, también apuntó que “más de 60% del gasto en supergás lo hacen los hogares de los quintiles 3, 4 y 5”, por lo que “parte del subsidio termina quedando en manos de hogares de ingresos relativamente altos” y “no está focalizado en los hogares que presumiblemente más lo necesitan”. Según la analista, esto muestra que puede “haber oportunidades de mejora en el diseño”, aunque aclaró que “en tanto haya subsidio es razonable que sea explícito y con cargo a Rentas Generales”. 

Esto último implica que sea la caja del Estado la que asuma la pérdida que tiene Ancap por vender un producto que se decidió subsidiar como política pública, y no impacte en las finanzas de la empresa, algo con lo que coincidió Zipitría.

El hecho de que sean hogares de ingresos altos los que utilizan el precio subsidiado es el argumento del gobierno para impulsar esta reforma. “Una familia en una casa de Carrasco tiene supergás en su domicilio, y podría pagar 300 pesos más por garrafa sin ningún problema”, dijo el ministro de Industria, Omar Paganini, entrevistado por la diaria en abril. Alfie dijo que se están realizando “estudios” en busca de “que el subsidio como tal quede focalizado en donde se precisa y no sea general”. 

Sobre esta reforma, las autoridades no han dado mayores indicios. Paganini se refirió a ello de forma breve la semana pasada al acudir al Parlamento por la Rendición de Cuentas y ser consultado por los legisladores. “El ministerio tiene clara la sensibilidad del tema, que es un energético muy utilizado por muchos sectores sociales. También tiene claro que tiene un problema porque está por debajo de su costo en el mercado. En ese sentido, habría que ir de un subsidio de la oferta a un subsidio de la demanda. Cuando uno subsidia la oferta, lo que está haciendo es bajando el precio al barrer, y los que podrían pagar más, igual lo compran barato. ¿Cómo diseñar un sistema más justo? Es un gran desafío”, dijo el ministro. 

Agregó que se “está pensando en soluciones a nivel técnico” y que sean de “muy amplio alcance”, que “permitan no alterar la economía de grandes sectores que hoy utilizan ese energético”. El jerarca había adelantado que “pueden jugar” un rol importante en el nuevo diseño del subsidio “la tecnología y el sistema financiero”.