Para el titular de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, “en este momento no hay ningún hecho nuevo que justifique” abrir un proceso de juicio político “que tenga algún vínculo directo” con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. La opinión de Lira basta para frenar esas iniciativas. En Brasil, quien ocupa la presidencia de la cámara baja tiene entre sus potestades la de administrar la agenda legislativa, por lo que decide qué asuntos deben ser tratados en el plenario y cuáles no, y también determina si se debe considerar o no un pedido de impeachment.
Lira, que pertenece al partido derechista Progresistas, aliado de Bolsonaro, frenó 123 solicitudes de ese tipo. Algunas fueron motivadas por denuncias de corrupción y otras por la actuación del presidente frente a la pandemia de covid-19, que dejó más de 525.000 muertos en su país.
A las acusaciones contra el presidente se sumaron en los últimos días informes sobre irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin y audios que indican que Bolsonaro, cuando era diputado, incurrió en la práctica conocida como rachadinha, por la cual un legislador contrata asesores para apropiarse de buena parte del salario que estos cobran. Estos datos motivaron nuevos llamados a enjuiciarlo con miras a su destitución.
Pero, según publicó el medio digital UOL, Lira no tiene planes de permitir que los diputados voten si se debe iniciar o no un proceso de impeachment, y su objetivo es continuar con las reformas económicas. “Con mucha tranquilidad, se va tratando nuestra agenda, que son reformas económicas, un Estado más chico. La Cámara viene cumpliendo su papel democráticamente, entonces no hay nada que justifique para la presidencia de la Cámara la apertura de un proceso de impeachment, porque además de jurídico es absolutamente político y todos sabemos eso”, dijo Lira, de acuerdo a lo que informó el portal Brasil247. “No podemos institucionalizar el impeachment en Brasil, tenemos que discutir estos asuntos con mucha seriedad”, dijo el diputado. El legislador agregó que un juicio político “desestabilizaría la economía y pararía Brasil” por varios meses.
Sin embargo, los indicios contra Bolsonaro fueron suficientes para que el Supremo Tribunal Federal abriera una investigación en la que busca determinar si el presidente estaba al tanto de las irregularidades en el contrato para la compra de la vacuna Covaxin firmado por el Ministerio de Salud y omitió denunciarlo a la Justicia. Supuestamente, un diputado del oficialismo, Luis Miranda, le comunicó a Bolsonaro lo que sucedía.
Señales de rechazo
A los pedidos de impeachment presentados por los legisladores se agrega el reclamo de protestas multitudinarias, como la del sábado, que se repiten desde mayo y reclaman la salida del presidente brasileño.
Por otra parte, 11 partidos opositores, movimientos sociales y organizaciones profesionales presentaron de manera conjunta la semana pasada a la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente por 23 delitos contra la Constitución que podrían motivar que sea destituido, según los denunciantes. Además de varios delitos vinculados con la pandemia, como el de cometer “fraudes” en la compra de vacunas y “violar derechos sociales constitucionales” al no proteger a la población, el pedido incluye acciones como la de “presionar a los otros poderes”, “intentar disolver o impedir el funcionamiento del Congreso” e “incitar a los militares a una rebelión”.
“Felicito a las fuerzas de oposición a Bolsonaro y a los movimientos sociales que consiguieron unificar las más de 120 peticiones de juicio político para presionar a Lira”, dijo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando se presentó ese pedido de juicio político. “Espero que las manifestaciones en las calles convenzan al presidente de la Cámara de someter a votación el nuevo pedido”, dijo Lula días atrás. Según una encuesta de la consultora Ipsos publicada ayer por la revista Veja, si hoy compitieran Lula y Bolsonaro en un balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores obtendría 58% de los votos, frente a 25% del actual gobernante.
En respuesta a Bolsonaro, que afirma que si se mantiene el voto electrónico en Brasil puede ser víctima de un fraude en las elecciones de 2022, Lula dijo ayer que “si fuese posible robar en las urnas electrónicas, jamás un metalúrgico habría sido electo presidente de la República”. Según publicó Carta Capital, el líder petista agregó: “Elección robada fue la de Bolsonaro, que fue electo con fake news, sin participar en un solo debate”.