En un apartado de la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo dio detalles sobre el Fondo Solidario Covid-19, creado por ley en abril de 2020 para volcar recursos para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria y encapsular el gasto.
El fondo se compone de donaciones privadas y donaciones modales —fondos no reembolsables con destino específico—; préstamos de organismos internacionales y multilaterales; utilidades del Banco República (BROU) y aportes de entidades paraestatales; y lo recaudado por el Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19 a funcionarios públicos con sueldos mayores a 120.000 pesos, que se aplicó durante abril y mayo de 2020.

El año pasado los ingresos totalizaron 41.197 millones de pesos (lo que equivale a 962 millones de dólares tomando la cotización interbancaria promedio del período abril-diciembre de 2020, que fue 42,82 pesos—). De ese total, 85% corresponden a préstamos de organismos internacionales o bilaterales de créditos y 0,4% a donaciones privadas. Del monto de donaciones, 35% fueron canalizadas a través del Sistema Nacional de Emergencia. Del 0,4% del total del fondo que significaron las donaciones, 0,3% fueron no modales —de empresas— y 0,1%, modales.

Entre las primeras, aparece como la donación principal —0,11% del monto total del fondo— una de procedencia anónima por 44,1 millones de pesos, casi un millón de dólares. A su vez, la Cámara de Comercio Uruguay Estados Unidos donó 4,9 millones de pesos; mismo monto que la Unión de Vendedores de Nafta; el frigorífico Centenario aportó 2,6 millones de pesos; Riogas, 1,5 millones de pesos; Lote 21 SA (remates de ganado por pantalla), 1,1 millones de pesos; Corporación Uruguaya de Prácticos (entidad que reúne a los capitanes de barco titulados), casi 1,1 millón de pesos; Mercado Libre, 744.000 pesos; Panormos SA, por el remate del avión presidencial, 675.000 pesos; Jorge Seré (despachante de aduana), 526.000 pesos.

La ley de creación del Fondo Covid no dispuso ningún beneficio fiscal para las empresas que donen, es decir que no aplica el esquema que permite reducir el pago de impuestos por donaciones a instituciones educativas, de salud y de otras áreas.

“Los ingresos [del Fondo Covid] nutren las cuentas bancarias del BROU, abiertas a tal fin, determinando la apertura de un crédito presupuestal que posibilita el financiamiento de las acciones previstas en el marco de la emergencia”, indicó el gobierno en el documento. En el caso de los préstamos, se detalló que 29.839 millones de pesos fueron préstamos contingentes con organismos multilaterales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina—, es decir líneas de crédito que Uruguay tenía abiertas para eventuales problemas; junto con 5.159 millones de pesos de préstamos modales, es decir, dineros recibidos también de este tipo de entidades, pero con un destino específico.

A los préstamos y las donaciones debe sumarse el rubro “Otras contribuciones”, donde aparecen las utilidades del BROU por 2.434 millones de pesos, los aportes de distintas personas públicas no estatales, como 1.000 millones de pesos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), 609 millones de pesos del Instituto Nacional de Carnes y dos millones de pesos del Instituto Nacional del Vino. También el impuesto sobre los salarios públicos, que sumó 803 millones de pesos.

El Decreto 93/2020, que reglamenta la creación del fondo, establece que el Poder Ejecutivo “deberá rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General, dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario Covid-19”; según habían transmitido a la diaria fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, eso sería una vez terminada la emergencia sanitaria.

Los gastos

Los gastos ejecutados del Fondo Solidario Covid-19 sumaron 38.362 millones de pesos (aproximadamente unos 895 millones de dólares). El Poder Ejecutivo desagregó el gasto en medidas sanitarias, económicas, sociales y de apoyo al trabajo y la seguridad social. De ese total, 55% se destinó a medidas vinculadas al trabajo y la seguridad social, como los subsidios por desempleo y enfermedad y apoyos a sectores de actividad más afectados, entre otros.

Con respecto a las medidas económicas, el gobierno invirtió 25% de lo recaudado en el incremento de los fondos de garantía de crédito de la Agencia Nacional para el Desarrollo para micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas.

Por otra parte, se volcó 14% de los fondos a medidas sociales, que se orientaron en “hacer frente a las necesidades primarias de la población más necesitada, utilizando tanto transferencias monetarias a partir del fortalecimiento de los planes sociales ya existentes o creando nuevos”, y en materia sanitaria se destinó 6% para atender aquellos “gastos necesarios para el incremento de la capacidad instalada de los centros de salud que incluye insumos y material médico, equipamiento médico-quirúrgico, así como también adquisición de respiradores, monitores de vida, entre otros”.