Los diputados de la coalición que forman parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continúan negociando los artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que generan discrepancias internas. En este sentido, en las últimas horas se lograron avances que determinaron modificaciones o descartes en algunos de los puntos en cuestión, mientras que otros aún continúan en suspenso.

Entre estos últimos están dos disposiciones que si bien recabaron críticas de los socios del Partido Nacional (PN) en la coalición, fueron defendidas este martes en distintas instancias por los ministros Luis Alberto Heber, de Interior, y Omar Paganini, de Industria, Energía y Minería. El primero refiere al acceso del Ministerio del Interior al registro de clubes cannábicos —que provocó cruces entre Heber y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío— y el segundo a la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil. 

Sobre la marihuana, el artículo original habilitaba al Ministerio del Interior a acceder a la “dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados” y de “los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis”. No obstante, este tema está “un pie y medio afuera” de la Rendición de Cuentas, confirmó a la diaria el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar, integrante de la comisión.

Sin embargo, el representante nacionalista manifestó que “ese medio pie está todavía ahí” porque Heber concurrió a la comisión y propuso un artículo sustitutivo que plantea habilitar el acceso a la dirección de los clubes cannábicos, no así de los autocultivadores. “Acabamos de escuchar al ministro y vamos a tener que dialogar otra vez entre nosotros a ver qué decisión tomamos”, dijo Andújar, quien aseguró que el acceso a la ubicación de los autocultivadores ya no forma parte de la discusión. 

Además, se retiraría la habilitación para que el Ministerio del Interior haga “inspecciones y controles regulares”, agregada en la primera redacción de la Rendición de Cuentas.

El diputado manifestó que las justificaciones que dio Heber “son de recibo” porque “son lógicas”. “Lo que dice el Ministerio del Interior es que los quiere tener [los datos] para poder diferenciar qué es lo legal y qué es lo ilegal. Entienden que hay mucha ilegalidad en el tema y al conocer lo legal eso les puede esclarecer qué es lo ilegal. Y esa es una justificación valedera”, apuntó.

En conferencia de prensa, Heber dijo que su cartera desea conocer las direcciones de los clubes, no así “los registros de los socios”. Según aclaró, el ministerio “no tiene ningún interés en acceder a esos registros”. “Lo que queremos saber es dónde están las direcciones de los clubes cannábicos legales para saber cuándo hay ilegales y combatirlos”, afirmó.

Andújar señaló que este miércoles habrá una nueva reunión de la coalición para dirimir si acompañan o no el pedido de Heber, aunque ya señaló que este no es uno de los temas centrales de la Rendición de Cuentas. 

El diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada adelantó a la diaria que la intención de su fuerza política, a la que pertenece Radío y que cuenta con un solo legislador, es retirar el artículo, por lo que no harán lugar al sustitutivo planteado por el ministro del Interior. “El PI va a acompañar el planteo de Radío en cuanto a la necesidad del retiro de este artículo”, señaló Posada y agregó: “En principio, salvo que haya un acuerdo entre Heber y Radío, nosotros vamos a mantenernos en la posición original de retiro del artículo y, por ende, vamos a votarlo negativamente”.

Biodiésel: ministro aclaró dudas

Otro de los temas aún bajo discusión entre los legisladores oficialistas es el referido a la derogación de la normativa que establece que Ancap debe incorporar biodiésel producido en el país en la mezcla del gasoil. Esa mezcla tiene un objetivo medioambiental, pero se pretende quitar en busca de incidir a la baja en el precio del combustible que utiliza el sector productivo. Se trata de una propuesta que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) viene planteando desde hace meses, e incluso provocó la formación de un grupo de trabajo a la interna del Ejecutivo —con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña—.

Ante los reparos de los socios, principalmente de Cabildo Abierto (CA), por las posibles pérdidas de fuentes laborales en Alcoholes del Uruguay (ALUR) y el impacto medioambiental de la medida, la coalición se dispuso a estudiar el tema con más detalle en busca de alcanzar un consenso. En ese marco se dio la reunión con Paganini, titular del MIEM. 

Sobre este encuentro, el diputado del PN Rodrigo Blas dijo a la diaria que la idea fue despejar dudas en torno a “cuál es el beneficio” del cambio, “cuáles son los efectos medioambientales” y cuál es el “daño a la mano de obra”. Según manifestó, el principal objetivo de este cambio es “mejorar la composición de los costos de los combustibles en nuestro país” y, si bien adelantó que “no se arribó a ninguna conclusión” entre los legisladores de la coalición, el MIEM explicó que “quitar el biodiésel en la mezcla de gasoil genera un ahorro” de 27 millones de dólares por año y “no genera un costo medioambiental para Uruguay porque está previsto cómo se compensa”. “Estamos sobrados en el cumplimiento de los acuerdos internacionales”, dijo con respecto a este último punto.

Respecto al futuro de ALUR y sus trabajadores —una de las tres plantas de la subsidiaria de Ancap está abocada al biodiésel—, Blas respondió que “los funcionarios afectados a la tarea tienen el trabajo asegurado”.

Fondos públicos y Colonización

Una de las discusiones que ya cerraron los legisladores de la coalición de gobierno giraba en torno a la habilitación a que los fondos de organismos públicos sean depositados en la banca privada. Diversas fuentes de la coalición confirmaron a la diaria que esos artículos serán retirados. Una fuente señaló que el tema ya fue conversado con el Poder Ejecutivo, que no puso mayores reparos. Otra informó que una reunión que estaba prevista entre la comisión legislativa y el directorio del Banco República (BROU) fue suspendida porque ya no encuentran motivos para realizarla. CA, el Partido Colorado (PC) y el PI se habían opuesto a la disposición.

Max Sapolinski, director del BROU en representación del PC, dijo a la diaria que él le hizo saber a su partido su opinión contraria a las modificaciones propuestas. “Fue un elemento importante que tuvieron en cuenta los legisladores” para fijar posición, manifestó. “Para mí eran inapropiados”, señaló con respecto a los artículos y agregó que por “múltiples” razones “no correspondía” votar a favor de los cambios.

Mientras tanto, otro de los temas prácticamente saldados refiere al presupuesto del Instituto Nacional de Colonización (INC) y su relación con los recursos para el Fideicomiso Integración Social y Urbana, creado por esta misma Rendición de Cuentas para la relocalización y regularización de asentamientos. Andújar señaló que hay acuerdo en torno a una nueva modificación redactada recientemente.

Al INC se le quitarán sus principales fuentes de ingresos para destinar dinero al fideicomiso, pero sí se le garantizará un presupuesto anual de 100 millones de pesos que, junto a la renta que pagan los colonos, permitirá que el organismo mantenga su funcionamiento. Esta redacción implica una mejora para los recursos del INC con respecto a una última corrección enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que eliminaba la partida de 100 millones de pesos.

La semana pasada, durante una comparecencia ante la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el directorio del INC planteó que terminará la distribución de tierras que aún le quedan sin adjudicar en la primera mitad de 2022, por lo que luego se quedará sin hectáreas para nuevas rentas.