Brandon Lewis, secretario de Estado para Irlanda del Norte, confirmó el miércoles en el Parlamento británico la intención del gobierno conservador que encabeza Boris Johnson de presentar una legislación para prohibir todos los enjuiciamientos relacionados con el conflicto norirlandés, incidentes conocidos como The Troubles (“los problemas”). En su alocución en la Cámara de los Comunes, Lewis expresó: “Sabemos que la perspectiva del fin de los enjuiciamientos penales será difícil de aceptar para algunos, y esta no es una decisión que tomamos a la ligera”.

De acuerdo a lo que consignó la BBC, el político conservador agregó que, no obstante, “hemos llegado a la conclusión de que esta sería la mejor manera de facilitar un proceso eficaz de recuperación y suministro de información, y la mejor manera de ayudar a Irlanda del Norte a avanzar en el camino de la reconciliación”.

“Tenemos que dar un paso para que las futuras generaciones dejen de estar condenadas a la división”, agregó Lewis, quien insistió en que mientras los procesos judiciales sigan abiertos y sin perspectiva real de llegar a un veredicto final, Irlanda del Norte continuará “atada a su pasado”.

“Es un doloroso reconocimiento de la realidad en la que estamos”, concluyó Lewis, cuyas palabras generaron un enorme rechazo en vastos sectores, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda. Los principales partidos políticos norirlandeses, como así también los familiares de las víctimas, manifestaron su rotundo rechazo a lo que sería una amnistía de facto.

Desde el Partido Unionista Democrático, Jeffrey Donaldson, recientemente elegido como líder del sector que más escaños tiene en el Parlamento regional con sede en Belfast, dijo que la propuesta del Ejecutivo de Johnson era “totalmente inaceptable” y sería rechazada por todos en Irlanda del Norte.

“Nos oponemos a cualquier plan que dé una amnistía efectiva a los que asesinaron durante décadas. Todos deben ser iguales ante la ley y nos parece francamente ofensivo el intento de establecer una equivalencia entre un soldado o un policía que sirvió al país y los terroristas cobardes que se escondieron detrás de una máscara para matar”, manifestó el político unionista.

Por su parte, Michelle O’Neill, viceprimera ministra de Irlanda del Norte y una de las principales referentes del partido republicano Sinn Féin, dijo que las propuestas que pretende implementar el Ejecutivo conservador desde Londres protegerían a las fuerzas estatales británicas del “sucio papel” que jugaron en el conflicto en Irlanda.

“¿Por qué el gobierno británico tiene la intención de tomar este camino? En mi cabeza puedo ver dos intenciones. Tiene que ser para proteger a las fuerzas estatales y el sucio papel que tuvieron aquí en Irlanda. Y además creo que también tiene que ser para proteger a aquellos que están afrontando juicios que dirigieron desde el Estado británico el asesinato de ciudadanos irlandeses”, dijo O’Neill, según informó el diario The Irish Times.

También se expresó sobre la iniciativa de Johnson el primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin, integrante del partido centroderechista Fianna Fáil, quien aseguró que “una amnistía general” para todos los implicados en “asesinatos” cometidos durante el conflicto norirlandés sería “muy injusta” por “muchas razones”.

Además, un grupo de abogados que representan a las víctimas del conflicto expresó que la propuesta que se pretende impulsar es “una perversión del sistema de justicia penal”.

Durante el conflicto sectario que comenzó en 1970 y finalizó con los Acuerdos de Viernes Santo firmados en 1998, se enfrentaron básicamente nacionalistas católicos que luchaban por una Irlanda unida contra unionistas predominantemente protestantes que querían que Irlanda del Norte siguiera siendo parte del Reino Unido. Del lado católico, la organización emblemática durante este conflicto fue el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés), mientras que, entre los protestantes, leales al gobierno de Londres, los grupos paramilitares más conocidos fueron la Fuerza Voluntaria del Úlster y la Acción en Defensa del Úlster. El conflicto costó la vida de alrededor de 3.600 personas.